miércoles 18 de mayo de 2022

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Editorial

Desarmando el sótano

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3 de marzo de 2022 - 00:32

En su discurso del martes ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció el próximo envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia vigente.

La iniciativa ya formaba parte del programa de gobierno propuesto por el Frente de Todos durante la campaña electoral y fue mencionado en el discurso de Fernández cuando asumió el 10 de diciembre de 2019. En aquella oportunidad habló, para referirse al ámbito en el que operan los servicios de inteligencia, entre la legalidad y la clandestinidad, de los “sótanos de la democracia”. El proyecto será presentada más de dos años después, resignificada ahora por la trama de espionaje presuntamente ilegal desplegada, al parecer sistemáticamente, por el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, y las firmes sospechas, que investiga la Justicia, de la existencia de una mesa judicial encargada de operar ante la Justicia para “armar” causas contra dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas, en la que los espías habrían tenido un protagonismo central.

Hay más de diez denuncias por estas tareas de espionaje, y varios procesados, entre ellos el propio Macri y toda la cúpula de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) de su gobierno.

Un punto clave del proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia es la prohibición de que los servicios actúen como auxiliares de la Justicia o tengan el control de las escuchas que se ordenen por autoridad judicial competente. Esa posibilidad, autorizada hasta ahora, fue argumento para justificar operaciones cuasi clandestinas en causas judiciales de evidente connotaciones políticas. Es la ratificación del decreto del Ejecutivo 214 de marzo de 2020, que impedía la intervención de la AFI en investigaciones judiciales. Si la nueva ley se aprueba, los servicios solamente podrán hacer inteligencia sobre riesgos o amenazas a la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores si su origen es externo.

Asimismo, plantea mecanismos formales para transparentar el manejo de los fondos, que serán auditados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), o la estructura orgánica de la propia AFI.

Finalmente, otro aspecto estratégico de las modificaciones que se propondrán es la obligación de que toda la actividad de inteligencia provenga de una directiva formal del titular del organismo. Es decir, a través de una orden escrita. De ese modo se evitará el mencionado “cuentapropismo” de los servicios, que realizan tareas de esa índole por su propia iniciativa y sin control.

El proyecto, al menos en sus grandes rasgos –habrá que esperar el articulado completo- asoma como un avance para desbaratar la actividad de agentes que suelen recorrer la delgada frontera entre las operaciones permitidas por la ley y las clandestinas, y que en algunas ocasiones trabajan por cuerda separada de las directivas oficiales, conspirando contra gobiernos y personas o protegiéndolos con sus maniobras, muchas de ellas extorsivas.

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