domingo 27 de noviembre de 2022

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Editorial

Democracia de baja intensidad

Las complicadas situaciones en los Concejos Deliberantes del interior abren el debate...

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Las complicadas situaciones en los Concejos Deliberantes del interior abren el debate acerca de cuál es el compromiso que distintos actores sociales tienen con la democracia. Con frecuencia, los dirigentes políticos en el ejercicio de algún cargo toman medidas que exceden el poder que obtuvieron en las urnas o, por el contrario, fuerzan resultados que no surgen de las urnas.

La última situación es del Concejo Deliberante de Los Altos. Desde septiembre hasta aquí expulsó a tres de sus integrantes: Pedro Ojeda (FdT) por un supuesto incumplimiento del cupo femenino debido a un error de la anterior presidenta. A fines de octubre echaron a Isabel González (JpC) por un supuesto doble cobro de haberes, como concejala y como directora de escuela, y en la última semana a Nora Fernández (Unidos por Santa Rosa) por negarse a dar quórum para suspender a su compañera González. Estas acciones no estuvieron orientadas a lograr mejor calidad parlamentaria sino que el presidente del cuerpo, Carlos “Kikí” Olveira, logró conformar un Concejo que le responde a él y busca fortalecerse en el marco de la alianza Unidos por Santa Rosa que llevó a Raúl Barot a la intendencia de Los Altos.

En este caso, el asesor legal del cuerpo argumentó que la Justicia deberá resolver si González cometió o no defraudación al Estado provincial y municipal. Mientras tanto, el cuerpo “tomó una decisión política” y consideró que la mujer es indigna para continuar en el cargo, aunque no tenga sentencia.

A la concejala expulsada le queda un año de mandato. La experiencia indica que la Justicia tampoco es garantía para mediar en estas disputas políticas y garantizar calidad en la democracia porque son situaciones que están en la agenda de lo secundario frente a otras problemáticas que se definen como urgentes. Ejemplo de la situación es el caso de Ivana Ferreyra, a quien no le permitieron asumir en el Concejo Deliberante de Icaño. No es casual que las víctimas de la violencia política sean mujeres. Demuestra la resistencia del paradigma patriarcal que se niega a ceder espacios a las mujeres y a la diversidad.

A Ferreyra no le alcanzaron algunos respaldos que llegaron del oficialismo. Igual le impidieron asumir en la banca para la que fue electa porque consideraron que por ser vicedirectora de escuela quedaría enmarcada en una situación de incompatibilidad. La verdad es que era una opositora a la dinastía de los Carletta dentro del esquema oficialista de Icaño. En marzo de este año presentó un conflicto de poderes en la Corte de Justicia. Todavía no tiene respuesta, mientras tanto un familiar directo del senador Pío Carletta y de su hijo, el intendente Franco Carletta, levanta la mano en el Concejo.

Otro caso similar ocurrió también en Icaño. En febrero de 2019 echaron al concejal de la oposición Gustavo Villalba, cuando propuso que se le realicen pericias psicológicas al entonces presidente del cuerpo, Franco Carletta luego de la denuncia por violencia de género por parte de su expareja y sus hijas. Villalba fue a la Corte de Justicia y obtuvo un fallo a su favor dos años después, cuando había finalizado su mandato y ahora peregrina para cobrar los sueldos adeudados. Franco Carleta, por su parte, fue imputado por violencia de género.

En definitiva, este tipo de jugarretas dejan de ser una excepción para convertirse en modos de actuar en política porque hay indiferencia de los propios partidos, de la Justicia y hasta de los votantes cuando no rechazan este tipo de prácticas. La contracara fueron otros Concejos Deliberantes que no expulsan del cuerpo a ediles denunciados por abuso y violencia de género.

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