Ayer en el Juzgado de Control de Garantías del Fuero Penal Juvenil se llevó a cabo una audiencia de oposición a una requisitoria de elevación a juicio. El juez del fuero especializado Rodrigo Morabito escuchó a las partes.
Los acusados son jóvenes –adolescentes al momento del hecho- que deben responder por un presunto delito contra la integridad sexual en el ámbito intrafamiliar. Por tratarse de un delito de instancia privada, la audiencia se realizó a puertas cerradas. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que uno de los imputados debe responder por “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el daño a la salud mental y por el vínculo” y el segundo acusado, por el mismo delito pero solamente agravado “por el daño a la salud mental”. Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2021.
En la audiencia de ayer estuvo la asesora de Menores Daniela Faerman Cano, acompañada por el abogado de la querella Gustavo Rentín Villegas. La defensa estuvo representada por el defensor Penal Juvenil Daniel Véliz y un abogado particular del foro local.
En la ocasión, los defensores se opusieron a la elevación a juicio. A la vez, plantearon algunos plazos procesales y la no punibilidad de los acusados –adolescentes al momento de los hechos-. La asesora de Menores y la querella se opusieron. Tras los alegatos de las partes, el magistrado pasó a cuarto intermedio hasta la próxima semana.
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir. No obstante, el dato más importante que advierten los profesionales en esta temática es que en la gran mayoría de los casos se trata de abusos sexuales intrafamiliares: padre, abuelo, hermano, tío o primo son los principales sospechosos.
Los delitos sexuales contra chicos y chicas son de orden público y deben denunciarse. La Línea 102 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funciona las 24 horas, los 365 días. La acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.
