Colapso. Más del 30% de los cargos de juez en la Justicia nacional y federal están vacantes.
1 de marzo de 2025 - 02:00
El traumático trámite que Javier Milei eligió darle a la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Suprema Corte de Justicia sintetiza varios elementos de la crisis general de un servicio de Justicia colapsado. Las rabiosas divergencias políticas y las pretensiones colonizadoras facciosas han determinado el vaciamiento de la estructura del Poder Judicial de la Nación, en el que más del 30% de los cargos de juez están vacantes, por no haberse completado el trámite para los nombramientos en la Cámara de Senadores.
La Justicia como botín e instrumento de la política. Esta situación asomó durante el tratamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, que el Senado no aprobó pero tampoco rechazó. La cobertura de las dos vacantes de la Corte se incluyó en un paquete de negociación más grande entre el oficialismo y el kirchnerismo, que tiene la llave de los dos tercios, por la cobertura de puestos en todo el país.
Todo se enrarece ahora aún más con el recrudecimiento de las maniobras libertarias para desplazar del foco de atención el escándalo de la criptoestafa global en la que está involucrado el Presidente, pero hay datos objetivos incontrovertibles para corroborar la defección y la irresponsabilidad del poder político en el objetivo teórico de procurarle a la sociedad un servicio de Justicia medianamente aceptable.
De 1002 cargos de jueces que hay en la Justicia nacional y federal, 305 no están cubiertos. El Consejo de la Magistratura tiene 121 concursos pendientes, pero en la Casa Rosada hay 184 ternas que esperan la elección de Milei para conformar los pliegos que se giran al Senado.
El Gobierno libertario no envió al Senado ninguna propuesta de las 96 ternas que el Consejo de la Magistratura sumó a su consideración el año pasado y retiró los 60 pliegos que esperaban tratamiento postulados por la gestión de Alberto Fernández.
En otras de sus habituales operaciones distractivas, anunció en noviembre que propondría 149 candidatos en tandas de 25, pero cerró el año sin mandar ninguno, mientras mantenía a Lijo y García-Mansilla.
En el primer año de la gestión Milei, el Consejo de la Magistratura tuvo una producción récord. Las 96 ternas que confeccionó fueron el doble del promedio anual, una cifra que se alcanzaba desde 2018.
La consecuencia de estas demoras y trabas institucionales es un Justicia desmantelada, en la que los cargos vacantes tienen que ser subrogados. Esto es: un juez o un fiscal tiene que cumplir funciones en varios distritos aparte del que le corresponde.
En Catamarca, para no irse demasiado lejos, el único miembro del Tribunal Oral Federal es Enrique Lilijedahl, por lo que la integración debe completarse con otros dos subrogantes, y Lilijedahl, por su parte, cubre vacancias en otros tirbunales. El fiscal del TOF, Rafael Vehils Ruiz, subroga el puesto que dejó en la Cámara de Tucumán Gustavo Gómez, que se jubiló, ya también debe eventualmente cubrir otras vacancias, como lo hizo en el Tribunal Oral de General Roca, Río Negro, en la causa por el homicidio de Rafael Nahuel.
El que mucho abarca, se dice, poco aprieta. Ni el más avezado y eficaz de los jueces puede dar abasto y cumplir sus funciones adecuadamente en estas condiciones. Los de por sí extensos plazos judiciales se extienden aún más con jueces y fiscales desbordados por la demanda de varias jurisdicciones.
En la polémica por las designaciones de Lijo y García-Mansilla se esgrimió el clásico argumento de la falta de seguridad jurídica que desalienta inversiones en el país. Pocos hablan, en cambio, de la inseguridad jurídica de una sociedad despojada del servicio de Justicia por las reyertas y camándulas de sus dirigentes políticos.
