Los tironeos de la interna no distraen de lo que don Hipólito Yrigoyen denominaba “efectividades conducentes” al kirchnerismo, que ha retomado la iniciativa para “nacionalizar” el litio. Las consignas antiimperialistas que condimentan la propuesta tienden a evitar que se consideren las singularidades del sistema político argentino, caracterizado por una macrocefalia metropolitana en la que sus promotores, casualmente, tienen enterradas sus anclas electorales.
La necesidad de perfeccionar políticas que permitan al sector público obtener mayores utilidades de la explotación del litio es indiscutible, pero el tranco de ahí a la nacionalización es excesivo por motivos que están más allá de lo jurídico: equivaldría a ceder recursos valiosos para el desarrollo y la autonomía del postergado norte argentino, que es donde se encuentran las mayores y mejores reservas del codiciado mineral, al Conurbano bonaerense y la propia Ciudad de Buenos Aires.
La empecinada prédica federal de la Casa Rosada es contradictoria con los criterios aplicados para la distribución de los recursos ajenos a la coparticipación, que se rigen por la razón demográfica y electoral. El más recurrido de los ejemplos es el de los subsidios al consumo de agua y energía, que en el caso del AMBA son solventados por el Tesoro nacional, mientras que las provincias deben arreglárselas solas para que las tarifas de sus usuarios no se disparen a la estratosfera.
Por supuesto, ninguna culpa tienen de esta situación los habitantes del pauperizado Conurbano, que es producto de situaciones históricas complejas. Políticas demagógicas, basadas casi exclusivamente en lo clientelar, se tradujeron en una desmesurada transferencia de recursos federales hacia el área metropolitana.
El kirchnerismo cifra en esa región sus esperanzas de sobrevida y es indicio de que al sector ni se le pasa por la cabeza la idea de implementar mecanismos de desarrollo más armónicos el hecho de que pretenda echar mano a un insumo cuyo aprovechamiento sensato permitiría a las provincias que lo poseen fortalecerse económicamente, generar instrumentos financieros propios y, en consecuencia, ampliar sus márgenes de autonomía respecto de la Nación.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación con la firma de Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea. Todos kirchneristas que asumen, con coherencia digna de elogio, la bandera de la angurria metropolitana.
“Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios. Esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el Código Minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía”, consignan los fundamentos de la iniciativa, un condensado de clichés.
Con todas las deficiencias que puedan atribuirse a la gestión de la Mesa del Litio en pos de incrementar la participación de los Estados provinciales en las fabulosas rentabilidades que arroja y arrojará el negocio, es necesario señalar que estos sujetos tan ansiosos ahora por la nacionalización nunca se preocuparon en lo más mínimo por procurar políticas favorables al interior del país.
Sería más exacto hablar de una “conurbanización” del litio, triangulando utilidades con la Casa Rosada.