A contramano de cualquier criterio elemental de justicia territorial, el gobierno de Javier Milei ha profundizado el abandono de los casi 6.500 barrios populares que existen en la Argentina. La magnitud del desamparo surge de los propios números oficiales y queda expuesto con crudeza en el reciente informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por Fundar y la ONG Techo. Allí se revela que, en lo que va del año, la administración libertaria destinó apenas 4,2 millones de dólares a obras de integración sociourbana. La cifra equivale a un ínfimo 0,2% de la inversión anual requerida para empezar a cerrar la brecha estructural que separa a estos barrios de la ciudad formal.
El trabajo señala que si bien en los últimos años el financiamiento para la integración sociourbana ya venía siendo insuficiente, desde la llegada de Milei al poder la situación se agravó de manera drástica, debido a la caída sostenida de la inversión pública que responde al programa de ajuste estructural impulsado por la gestión libertaria. Esta decisión no solo deja a millones de personas en condiciones de precariedad, sino que compromete la cohesión urbana y profundiza las desigualdades territoriales.
La falta de acceso a servicios básicos no es solo un problema material, sino también la manifestación cotidiana de una ciudadanía incompleta. La falta de acceso a servicios básicos no es solo un problema material, sino también la manifestación cotidiana de una ciudadanía incompleta.
Para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares –sostiene el informe- se requiere una inversión que supera los 27 mil millones de dólares, a ejecutarse en un plazo de 12 años, con un financiamiento anual estimado en 2.250 millones de dólares. Esa hoja de ruta, razonable y técnica, contrasta brutalmente con los exiguos 4,2 millones ejecutados este año.
Desde diciembre de 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana en todo el país, lo que provocó además la pérdida de miles de empleos, muchos de ellos pertenecientes a cooperativas locales que habían encontrado en estos programas una fuente de trabajo sostenida y un modo de mejorar su propio entorno.
El informe también expone que el gobierno nacional redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) bajo el argumento de supuestas “demoras y falencias” en los proyectos. Sin embargo, los propios funcionarios de la gestión libertaria terminaron admitiendo que no hubo irregularidades.
La integración sociourbana es una política estructural que define si un país reproduce o reduce sus desigualdades. La falta de acceso a servicios básicos -agua, cloacas, electricidad segura, espacios públicos, conectividad vial- no es solo un problema material, sino también la manifestación cotidiana de una ciudadanía incompleta.
Por eso, en este contexto crítico, resulta imperativo que el Estado recupere y garantice el financiamiento de las obras públicas esenciales en los barrios populares, a los efectos de empezar a morigerar las enormes desigualdades sociales que atraviesan la Argentina y que tienen en la infraestructura urbana uno de sus rostros más evidentes.
