Planteo. Los gobernadores del Norte Grande explicitaron pretensiones que son de todas las provincias.
Si todo marcha de acuerdo a lo previsto, el Presupuesto 2026 marcará un punto de inflexión en la gestión de Javier Milei. Será el primero sancionado bajo su presidencia, después de dos años de prórroga del presupuesto 2023 debido a la imposibilidad de arribar a acuerdos políticos sólidos en el Congreso.
Esta vez el escenario es diferente: fortalecido por la victoria electoral de octubre 2026, blindada en principio su capacidad para vetar leyes que considere inconvenientes o sostener sus decretos, Milei parece más dispuesto al diálogo.
La reunión en Casa Rosada con los gobernadores tras las elecciones fue el primer indicio de este cambio de tono. Tres semanas más tarde, los 10 mandatarios del Norte Grande plantearon una agenda de negociación que ratifica los reclamos por la distribución de fondos provinciales por parte de la Casa Rosada e incluye la propuesta de redistribuir los excedentes de ARCA (ex AFIP).
Un proyecto en este sentido fue presentado ya formalmente en el Senado por el bloque Convicción Federal.
La iniciativa sostiene el 1,90% de la recaudación neta total que ARCA retiene para su funcionamiento, pero establece la transferencia automática a las provincias del 50% de los fondos no utilizados mensualmente y del 100% del excedente anual, según coeficientes de la ley de Coparticipación,.
Para las provincias, esto representa liquidez automática sin depender de la discrecionalidad presidencial que caracterizó estos dos años. Es decir: no toca el financiamiento de ARCA, sino que redistribuye lo que no se usa.
Desde el punto de vista de la Nación, el proyecto preserva el financiamiento robusto de ARCA y elimina la acumulación improductiva de recursos, activando gasto provincial sin expandir gasto nacional.
Hay que tener en cuenta la cobertura de los compromisos financieros multiplicados por el Ministerio de Economía, por supuesto, pero en teoría los fondos de ARCA no son para eso.
Es mucha plata. El proyecto de “Convicción Federal” establece que entre el 0,75 y el 1% vaya a una “cuenta de jerarquización” que se distribuye entre los empleados, de modo que lo que coparticiparía sería lo que ARCA no utilice de entre 1,75 y el 0,9% de la recaudación total nacional.
La discusión del Presupuesto 2026 arrojará los términos y proyecciones de esta incipiente nueva relación Nación-provincias.
El documento del Norte Grande explicita pretensiones que son de todas las provincias. Podría trazarse una analogía con el debate de la Ley Bases, que se destrabó cuando Milei accedió a reponer el Impuesto a las Ganancias, que se coparticipa.
Hubo rezongos de gobernadores de provincias con ingresos altos atentos a sus electorados, pero lo real y cierto es que todos incrementaron sus ingresos.
Aparte de los aspectos económicos, son importantes los políticos. La necesidad de configurar un sistema institucional razonable para que el país recupere credibilidad y acceso al mercado de créditos no tiene prácticamente objetores.
Si Milei y los gobernadores logran acordar para el Presupuesto, establecerán un precedente para abordar reformas más complejas, institucionalizando nuevas formas de negociación donde eficiencia fiscal nacional y autonomías provinciales no sean objetivos contrapuestos, sino complementarios.
Quizás sea un elemento valioso para estimular inversiones por fuera de las timbas financieras, que pongan en marcha la economía real. Más aún si se considera el grado de fragmentación de las fuerzas políticas tradicionales en la coyuntura y las escasas perspectivas de que vaya a revertirse en el corto plazo.
