En la sala de debates de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se dio inicio a un nuevo juicio por jurados por delitos contra la integridad sexual. En abril último, el jurado se había declarado estanco al no poder llegar a una decisión unánime. Según la Ley Provincial 5719 de Juicios por Jurados, en estos casos debe efectuare íntegramente un nuevo debate popular.
El acusado debe responder por dos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño en la salud y por el vínculo, continuado”. En esta primera audiencia, se llevó a cabo la selección de jurados.
Luego, el juez director Miguel Lozano Gilyam abrió el debate y las partes pronunciaron sus alegatos con sus respectivas teorías del caso. El Ministerio Público es representado por el fiscal del caso Jorge Darío Palacios y el fiscal de Cámara Federico Maturano; ambos están acompañados por la asesora de Menores Sandra López Gardel y los abogados de la querella Diego y Lucas Ariel Brizuela. En tanto que la defensa es ejercida por los abogados Gustavo Rentín Villegas y Emanuel Ferreyra.
En la primera jornada se presentaron cuatro testigos. Una vez finalizada esta ronda de testimonios se pasó a un cuarto intermedio. El debate se reanuda hoy con la comparecencia de nuevos testigos.
En abril se había llevado a cabo el primer juicio popular por esta causa. Sin embargo, en la ocasión, el jurado se declaró estanco. Ante esta situación, se dispuso la realización de un nuevo juicio popular, con nuevo juez director. No obstante, debido a que la inmunidad del jurado se vio vulnerada, el entonces juez director Marcelo Soria, junto con el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín y la asesora de Menores Daniela Faerman Cano denunciaron penalmente un intento de contacto con dos integrantes del jurado. Por este hecho tomó intervención el fiscal de Instrucción de Sexta Nominación, Facundo Barros Jorrat.
El contacto por parte de familiares, amigos o allegados de un acusado vulnera la inmunidad del jurado. Por ello se considera como una falta grave. Al respecto, el artículo 50 de la Ley Provincial 5719 de Juicio por Jurados estipula las sanciones por violación al respeto de los jurados populares. La normativa establece que, sin perjuicio de otras sanciones, el entorpecimiento de la labor de los jurados después de la audiencia de voir diré (selección de jurados) será considerado falta grave. Esta medida también se aplica si intervienen abogados particulares. A la vez, será causal de denuncia ante el Colegio de Abogados como falta grave. “En ambos casos se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para su persecución penal”, se especifica.
