miércoles 11 de mayo de 2022

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Cara y Cruz

Clientela cautiva

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9 de mayo de 2022 - 01:05

La extensión a diez años desde la última transacción del plazo para realizar obligatoriamente la verificación de subsistencia del estado parcelario (VESEP) de los inmuebles generará sin dudas tensiones entre el Gobierno y los profesionales de la agrimensura, pero se trata de una disposición razonable en una provincia que apuesta a promover la inversión agropecuaria y dinamizar el mercado inmobiliario.

La VESEP obliga a contratar los servicios de un agrimensor para certificar que las características de una propiedad se ajustan a la mensura. Se trata de una gestión que debe hacerse indefectiblemente, no solo para la transferencia de derechos de propiedad sobre un inmueble, sino también para otros trámites como, por ejemplo, hipotecarlo para obtener un crédito.

En septiembre de 2008, por disposición del entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral, que era agrimensor, cualquier transacción de bienes inmuebles realizada en la provincia después de cinco años de que el propietario los adquiriera requería necesariamente la VESEP, cuyo costo equivale al 80% del valor de la mensura. El precio incluye un 0,8% del valor “venal” –no fiscal- de la propiedad en cuestión y la tarifa es fijada por el Colegio de Agrimensores.

El costo de la mensura está entre 26.000 y 60.000 pesos, de acuerdo al tamaño, en caso de ser urbana. El de las rurales va de 32 mil a 285 mil. En ambos casos, hay que añadir el 0,8% del valor “venal” o el 3% del valor fiscal.

De tal modo, los costos de la VESEP se añaden arbitrariamente a los de cualquier emprendimiento productivo que requiera la adquisición de tierras, por ejemplo.

Al acto de la firma del decreto, que reglamentaba la ley provincial de Catastro recién sancionada, asistieron las autoridades de la Federación Argentina de Catastro.

En una solicitada publicada en julio del año pasado, en respuesta a las críticas al instituto que se habían deslizado en este mismo espacio, el Consejo Profesional de Agrimensura de Catamarca consideró que el VESEP es indispensable para “proporcionar seguridad jurídica, defender al contratante (vendedor y comprador de buena fe), patrocinar el crédito y propender al saneamiento de títulos”, y destacó que “desde su implementación, se detectaron superposiciones, construcciones mal posicionadas, replanteos con errores, etc”.

El organismo gremial no consignó el número de estas anomalías ni qué porcentaje representaban sobre el total de las operaciones realizadas, dato importante para establecer la necesidad de imponer el VESEP compulsivamente aún cuando ninguno de los participantes de la operación, escribano incluido, planteara dudas sobre la regularidad de la mensura en cuestión. El caso era que todos deben abonar el VESEP sin excepciones, por hipotéticas irregularidades que, por otro lado, serían consecuencias de fallas o enjuagues de otros agrimensores.

La nueva reglamentación, firmada el jueves pasado, no elimina el requisito pero duplica el plazo para realizarlo obligatoriamente en inmuebles ubicados en zonas urbanas, suburbanas, rurales y subrurales, y 15 para el caso de las unidades funcionales de planta baja en los edificios afectados por el régimen de propiedad horizontal, con una declaración jurada para el resto de las plantas.

La VESEP seguirá siendo obligatoria, pero con plazos más extendidos. Es un avance, pero la controversia es oportuna para reflexionar sobre la incidencia que tienen obligadas y legalizadas contribuciones a corporaciones gremiales en la política de fomento de inversiones, en este caso con gravitación directa sobre la comercialización de inmuebles y también las operaciones de crédito, costos parasitarios que se superponen a los fiscales. Patentes de corso para grupos a los que el Estado entrega una clientela cautiva.

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