Los acusados Jiménez, padre e hijo, dieron su propia versión de lo ocurrido
"Banda del Niño J": las escuchas comprometerían a los detenidos
Pese a los testimonios y pruebas presentadas no se pudo determinar cómo ingresaban la droga al penal.
El debate contra Jacobo Eliseo "Niño J" Jiménez y su padre Mario Roque Jiménez, junto con Cristian Miqueas Barros, Kevin Emanuel Barros (todos privados de la libertad), Dayana Romero, el taxista Ariel Magno Brandán, y los guardiacárceles Lucas Brandán y Jorge Raúl Valdez, se encuentra en sus audiencias finales. Ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF) se llevó a cabo la octava jornada. Se prevé que el debate finalice la próxima semana con la escucha del último testimonio, la instancia de alegatos y el veredicto que determinará el destino de los acusados.
Durante las dos audiencias declaró personal de Gendarmería, que explicó como se desarrolló el procedimiento en 2022. Los efectivos estuvieron atentos a las escuchas telefónicas y a las correspondientes desgravaciones, que resultaron fundamentales para identificar los roles de cada imputado.
Según los testimonios escuchados, se pudo esclarecer el papel que habrían desempeñado los acusados: Jacobo "Niño J" Jiménez como coordinador desde el interior del penal; su padre, quien residía en Tucumán y estaría a cargo de proveer los estupefacientes. Comparten el banquillo los hermanos Cristian Barros y Kevin Barros, penado del Servicio Penitenciario Provincial; Dayana Romero como intermediaria; y el remisero Brandán en el transporte. En una de estas escuchas interceptadas se advirtió que Jacobo le habría indicado a su padre que Barros y Romero se dirigían a Tucumán a buscar medio kilo de estupefacientes. Tanto Jiménez hijo como Jiménez padre habían declarado en la primera audiencia. Según se indicó, en esa oportunidad reconocieron el hecho. No obstante aclararon que solo habían comprado droga para compañeros adictos, en un intento por minimizar la dimensión de la acusación que pesa sobre ellos.
Si bien los testigos dieron cuenta de que las escuchas telefónicas comprometen a los acusados privados de la libertad, aún no hay precisión sobre cómo ingresaba concretamente la droga al Servicio Penitenciario Provincial. Los testigos que declararon no pudieron dar precisiones sobre esta cuestión fundamental para cerrar el círculo de la presunta operación delictiva.
Tramo final
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Según la agenda del TOF, se tiene previsto escuchar el último testimonio. Luego, se continuará con la instancia de alegatos. Muy posiblemente haya veredicto.
Expediente
Los acusados deben responder por el presunto delito de "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (primer hecho), en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)". La investigación, a cargo del fiscal Federal Santos Reynoso, comenzó a mediados de 2021 cuando se detectó el ingreso de drogas en el penal de Miraflores, en connivencia de los guardiacárceles.
Presuntamente, las comunicaciones con el exterior para organizar las compras y las entregas eran efectuadas a través de llamadas telefónicas.
La droga era trasladada desde Tucumán a Catamarca aparentemente con la participación del padre del "Niño J" y la colaboración de Barros y Romero, mientras que el traslado quedaba en manos del remisero Brandán. A los narcotraficantes se los identificó como "La banda de los camellos J", ya que supuestamente sus integrantes eran liderados por el "Niño J" y su padre.
Los investigadores de Inteligencia de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca y de la Unidad de Investigaciones Judiciales y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional Núcleo Catamarca reunieron información y se realizaron los procedimientos. El dato inicial fue con información reservada que daba cuenta de que un hombre y una mujer ingerían cápsulas con estupefacientes y las trasladaban desde Tucumán. En Catamarca las expulsaban y un interno del SPP, con beneficio de salida, ingería las mismas cápsulas y las introducía en el penal para concretar la comercialización.
En agosto de 2022 la pareja fue interceptada en un operativo realizado en el puesto caminero de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, donde se logró secuestrar un profiláctico que contenía en su interior 11 envoltorios de nailon con 91 gramos de marihuana, dos teléfonos, pastillas, dos balanzas y la suma de $78.000, entre otros elementos.
El Tribunal es presidido por el juez Enrique Lilljedahl. El Ministerio Público es representado por la fiscal auxiliar María Correa.
