Las familias se ven obligadas a peregrinar para cumplir con los estudios que acrediten la discapacidad y así evitar la baja.
Lamentable. En cada sector están padeciendo las medidas de Nación.
La presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Catamarca (APPAC), Mercedes Balut, advirtió que para las personas con autismo que tienen pensión, siguen llegando las notificaciones para auditorías, un proceso de revisión de pensiones no contributivas que son una carga económica y emocional para los hogares con hijos con discapacidad. Mientras en el sistema público los turnos demoran meses, en el privado los costos de auditorías y estudios pueden superar los 200 mil pesos.
En medio de un creciente malestar social, organizaciones de todo el país denuncian irregularidades en las auditorías de pensiones por discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional. Según datos oficiales, más de 110.000 beneficios ya fueron suspendidos desde el año pasado, dejando sin ingresos a miles de familias.
En Catamarca, la presidenta de la APPAC, Mercedes Balut, señaló que si bien no se han registrado bajas masivas, muchas familias fueron notificadas para “actualizar” documentación, incluso en casos de diagnósticos irreversibles como el autismo. “No se entiende qué es lo que hay que actualizar cuando hablamos de una condición de por vida”, remarcó. El mayor obstáculo lo representan los costos en el ámbito privado. Balut detalló que las historias clínicas exigidas pueden costar entre 80 mil y 150 mil pesos, mientras que evaluaciones complementarias superan los 200 mil o 250 mil pesos, llegando incluso a 500 mil en algunos casos.
“Estamos hablando de cifras inalcanzables para familias que ya de por sí tienen múltiples gastos en terapias, traslados y acompañamiento. Muchas veces, esos honorarios los cobran médicos en sus consultorios privados”, agregando que solo pretenden contar lo que están viviendo las familias.
Esto “se convierte en una traba que deja afuera a quienes no tienen recursos”, lamentando que cualquier estudio obligatorio debe garantizarse desde el sistema público para no profundizar la desigualdad. La pensión no contributiva por discapacidad, que hoy ronda los 230 mil pesos, se transformó en un ingreso insuficiente frente al costo de vida, pero necesario.
“Antes era equivalente a una jubilación mínima, ahora es bastante menos. Y esa plata se gasta en lo básico: traslados, terapias o directamente en comida”, sostuvo Balut.
Además, advirtió que cada vez resulta más difícil acceder al beneficio: “Hoy muchos chicos diagnosticados con autismo no logran obtener la pensión. Antes había un tope de ingresos familiares, ahora directamente no se otorgan. Eso obliga a las familias a costear en soledad tratamientos muy caros”.
La situación se agrava frente al creciente número de diagnósticos de autismo. Según la estadística internacional más reciente, 1 de cada 31 nacimientos corresponde a un niño dentro del espectro, frente al 1 en 36 registrado en años anteriores. “Esto muestra que cada vez son más las familias afectadas y que el ajuste vuelve a recaer sobre los sectores más vulnerables.
