Pese a su frondosa foja de antecedentes penales, el fiscal Hugo Costilla y el juez Rodolfo Maidana lo beneficiaron con las "absoluciones pagas" por el asalto de Parque América. La semana pasada volvió a caer por un cuantioso robo.
Sobreseídos. Arroyo (atrás, izquierda) junto a sus cómplices en el violento asalto de Parque América, absueltos a instancias del Fiscal Costilla.
La detención de Diego Marcelo Arroyo por un cuantioso robo perpetrado a mediados de la semana pasada expone la ineficacia del Poder Judicial para perseguir el delito y proteger el patrimonio de los catamarqueños. Se trata del más peligroso de los cuatro acusados por el violento asalto de Parque América, liberados y sobreseidos sin juicio en el marco de un acuerdo de conciliación habilitado por el fiscal Hugo Leandro Costilla y homologado por el ex juez de Garantías Rodolfo Maidana el 9 de diciembre del año pasado.
Arroyo, Fernando Ariel Pacheco, Camilo Alberto Carrizo y Guillermo Hernán Nieva, sindicados como responsables del robo a mano armada contra Matías Rolón Reynoso, reo de las criptoestafas en RT Inversiones, consiguieron sortear la causa penal a cambio de pagar una indemnización. Es decir: el Ministerio Público Fiscal cerró el expediente de un delito gravísimo sin llegar a establecer responsabilidades. Siete meses después, el beneficiado por esta componenda que registraba la más nutrida foja de antecedentes delictivos, volvió a caer por robo. La causa le tocó a Costilla, el fiscal que facilitó su liberación, quien en un primer momento hizo detener a un homónimo y demoró durante unas horas los allanamientos que terminaron comprometiendo aún más a Arroyo y su sobrino Carlos “Ñato” Luna, otro sospechoso habitual.
Las “absoluciones pagas” desencadenaron tal escándalo que el fiscal General, Alejandro Gober, ordenó una investigación especial. Tras examinar los procedimientos de Costilla y Maidana, la fiscal Paola González Pinto interpuso ante la Corte de Justicia un recurso autónomo de nulidad contra la sentencia por cosa juzgada írrita. La Sala Penal de la Corte anuló el fallo el 10 de febrero, con el voto unánime de los ministros Hernán Martel, Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño, pero la Sala de Doble Conforme consideró cuatro meses después que el tribunal no era competente para abocarse al tema y remitió las actuaciones a la Justicia de Garantías. La sentencia de Doble Conforme fue dividida: mientras Miguel Figueroa Vicario y José Cáceres se pronunciaron por la incompetencia, Jorge Bracamonte avaló la decisión de la Sala Penal con fuertes críticas a la posición de sus dos colegas.
De este modo, cuatro miembros de la máxima instancia judicial de la Provincia se pronunciaron contra el procedimiento bajo el criterio de que debían enmendarse las consecuencias de una sentencia fraudulenta y dos se abstuvieron de pronunciarse. Por cuerda aparte, el juicio político en contra del fiscal Costilla por este caso había quedado suspendido, aunque es posible que se reabra cuando termine la feria. Costilla, de todos modos, tiene que responder ante el Jury por supuesto mal desempeño en la “Causa Wika”. Al igual que el de las absoluciones pagas, este caso está relacionado con las criptoestafas, pero no en “RT Inversiones”, sino en la financiera de Edgar Adhemar Bacchiani.
Los antecedentes ingnorados
El 10 de enero, al interponer la nulidad de las “absoluciones pagas” por cosa juzgada írrita, la fiscal González Pinto subrayó el hecho de que ni Costilla ni Maidana habían considerado los antecedentes penales de Arroyo.
“Fue condenado y declarado reincidente seis veces y registra un frondoso prontuario. Basta mirar la planilla de antecedentes de Arroyo para darse cuenta de la cantidad enorme de hechos que lo tuvieron como protagonista, al punto de haber transitado y cumplido numerosas condenas, demostrando un desprecio y desapego total a las normas y a la ley. ¿Es la del acuerdo conciliatorio, una solución justa, en los términos de la justicia restaurativa? ¿Permite reconstruir la cohesión social? ¿O simplemente, se trata de una salida rápida que consagra la impunidad y resulta altamente lesivo a los intereses sociales?”, planteó González Pinto.
Arroyo se encargaría de responder estas preguntas con la colaboración de su sobrino, el “Ñato” Luna. La fiscal también se refirió a los resultados de la pericia psiquiátrica practicada sobre el reo, que arrojó “negación del hecho, ausencia de culpa, rasgos antisociales, angustia reactiva con sentimientos de frustración tipo autorreferencial, secundario a su situación actual (detenido)”. Además consignó que, de acuerdo con los informes socioambientales, Arroyo no contaba con recursos lícitos para afrontar el pago de la indemnización que lo eximió de responder por el asalto de Parque América. “Arroyo no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene ingresos probables, no internalizó su responsabilidad, tiene ausencia de culpa, niega el hecho y posee rasgos antisociales. Sin embargo, suscribió un acuerdo millonario que le permitió obtener un sobreseimiento en tiempo récord", resaltó la fiscal.
Recursos inciertos
La falta de recursos de Arroyo se conjuga con la pobreza del resto de los sobreseidos en un gran interrogante: ¿de dónde sacaron la plata para enterar los 9,5 millones de pesos de la indemnización que los dejó libre de culpa y cargo por un robo a mano armada? El misterio es más sugestivo si se considera que el asalto fue para cobrarle deudas por las criptoestafas al asaltado Matías Rolón Reynoso, quien pese a estar inhibido seguía moviendo dinero en sus cuentas virtuales. González Pinto dejó planteada la incógnita, ignorada previamente tanto por Costilla como por Maidana.
De acuerdo con los informes socioambientales, Fernando Pacheco estaba en situación de pobreza, Guillermo Nieva era beneficiario de un plan Potenciar Trabajo de $70.000 mensuales en la Municipalidad de Saujil y Camilo Alberto Carrizo, hermano del intendente de Saujil, Enzo, cobraba una pensión de la ANSES por una invalidez que le impedía trabajar. El inválido Carrizo, que además percibía de la misma ANSES una asignación universal por hijo, había recibido sin embargo más de 21 millones de pesos en 10 cuentas virtuales a lo largo de cuatro meses. Suficiente para abonar la indemnización por los cuatro cómplices del atraco, pero para González Pinto el hecho de recibir subsidios del Estado mientras manejaba tamañas cifras configuraba una conducta "digna de reproche" y "lesiva a los intereses sociales".
