nafta al fuego. el abogado jerez dijo que "hay gente que piensa en acabar con la vida de los estafadores".
Un paso importante para prevenir que la furia de quienes se sienten estafados por las financieras degenere en violencia, sería advertir a los abogados que intervienen en las causas que la Justicia Federal está investigando delitos como la intermediación financiera sin autorización y el lavado de activos, y que por consiguiente son inoficiosas las tratativas para acordar programas de pago entre acreedores y deudores.
¿Cómo podría el juez federal decidir sobre movimientos de dinero que, al menos en parte, se sospecha de origen ilícito?
Antes de cualquier determinación en tal sentido es necesario establecer “la ruta del dinero” a la que aludió ayer el fiscal Rafael Vehils Ruiz, discriminar lo blanco de lo negro en la multimillonaria masa que entró en las pirámides y comprobar eventuales cadenas de complicidad entre los presuntos lavadores y quienes blanqueaban utilidades provenientes del delito. Indagaciones complejísimas de cuyo resultado depende que puedan destrabarse los fondos.
De tal modo, en esta instancia del proceso, que el abogado de Edgar Adhemar Bacchiani, Lucas Retamozo, anuncie que su cliente ha ofrecido un plan de pagos a cumplirse en un plazo de entre 120 y 150 días a cambio de que le den la prisión domiciliaria y le devuelvan computadoras, teléfonos celulares y otros artefactos informáticos no solo es impertinente: constituye una burla para las personas que esperan cobrar, la continuidad del bicicleteo que viene desde enero y, lisa y llanamente, facilitarle que siga cometiendo los presuntos delitos que se le endilgan.
Es oportuno recordar en este momento una advertencia de corte mafioso que Bacchiani disparó a través de su cuenta de Instagram en febrero, cuando tuvo que escapar de su casa custodiado por la policía para eludir acreedores en pie de guerra: “Vamos a ver esos que gritan ladrón si la pueden justificar”. Si tan interesado está en que le den domiciliaria y le permitan seguir trabajando, pues que proporcione la información sobre quienes no “la pueden justificar” y acelere el proceso.
Inocente hasta que se demuestre lo contrario, es grotesco que el sujeto se dé el lujo de pretender condicionar el criterio del juez y los fiscales, y que éstos se lo permitan. ¿Por qué se lo permiten?
No es conveniente que las autoridades del fuero federal avalen con su silencio las maniobras tendientes a que su investigación, que ha sido objeto de críticas por parte del Poder Judicial de Córdoba y de un juez federal de Santiago del Estero que hicieron llegar los reclamos hasta la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación, continúe el derrotero hacia la farsa.
Aparte de las proclamas de Retamozo, están las manifestaciones de otros profesionales del derecho que le meten nafta al fuego en lo que aparentemente es una competencia desaforada por capturar clientes y manotear honorarios en medio de la debacle.
El abogado Bruno Jerez dijo, por caso, que “hay personas que están pensando en el suicidio y otras en acabar con la vida de estos estafadores financieros”. Una oda a la prudencia que ayer complementó con un audio en el que instigaba a movilizarse para impedir que le den la prisión domiciliaria a “este delincuente que se quedó con nuestros ahorros”.
Son incitaciones a la violencia enancadas sobre una duda que la Justicia Federal podría aventar: ¿está garantizado que Bacchiani y el resto de los acusados no puedan insolventarse?
Los voluminosos patrimonios de los personajes involucrados en la trama son algo concreto para apaciguar los caldeados ánimos con la perspectiva de recuperar lo invertido mientras se desarrolla el intrincado proceso. Mucho más concreto, por lo menos, que los bitcoins y dólares virtuales que Bacchiani asegura poseer y que nadie hasta ahora ha visto.
A romper la paz social contribuyen tanto las acciones como las omisiones.n
