Hace un año, el senador nacional por Catamarca Guillermo Andrada, junto al bloque de Convicción Federal, impulsó una propuesta para modificar la distribución de los recursos generados por el impuesto a los combustibles, con el objetivo de que las provincias reciban una mayor participación y compensar la caída de fondos derivada de la suspensión, disolución o subejecución de fideicomisos dispuesta por la Nación.
La iniciativa se enmarcó en un contexto en el que la recaudación proyectada por el impuesto a los combustibles líquidos ascendía a $5.539.780 millones, de los cuales a las provincias les correspondían $2.529.836 millones. En ese esquema, el reparto vigente asignaba un 10,40% al Tesoro Nacional y otro 10,40% a las provincias, mientras que el 79,2% restante se distribuía entre distintos fondos específicos, como el FONAVI, el Sistema Único de Seguridad Social, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el de Infraestructura de Transporte y la Compensación del Transporte Público.
La propuesta planteaba mantener sin cambios las asignaciones al Tesoro Nacional, al FONAVI y sistema previsional, pero elevar la participación de las provincias del 10,40% al 42,84%.
