Dalmacio Mera, quien asumió el cargo en junio, estreno el sello como Defensor del Pueblo y acompañó una acción de amparo presentado por Griselda Bazán, titular de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APIFADYN).
La acción legal, interpuesta por Bazán, varios beneficiarios y el Defensor Mera, se dirige contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pidiendo la nulidad de suspensiones de pensiones por invalidez, la adecuación de auditorías y la inconstitucionalidad del Decreto N° 843/2024. Además solicitaron una urgente medida cautelar para restituir beneficios y liberar fondos inmediatamente. El documento cuestiona el decreto presidencial por considerarlo inconstitucional y que "deroga normas progresistas y restablece criterios restrictivos para estas pensiones, como exigir incapacidad total o incompatibilidad con el empleo".
Desde APIFADYN señalaron que "las auditorías de ANDIS, iniciadas tras el Edicto N° 19.437/25, mostraron graves irregularidades: falta de delegación local, viajes extenuantes para beneficiarios, notificaciones defectuosas y lenguaje incomprensible en cartas de suspensión". Lo que, según la asociación, vulneró el debido proceso y defensa. La asociación indicó que para abril de 2025, 2004 pensiones por invalidez ya habían sido suspendidas en Catamarca, en línea con una proyección nacional de hasta 200.000 bajas, "privando de sustento y acceso a salud a personas en estado de vulnerabilidad".
