Como ocurre cada enero, en la antesala del Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam publica un informe, con datos certeros e incuestionables, destinado a incomodar. El documento de este año, que se denomina “Contra el imperio de los más ricos”, vuelve a poner el foco en la aceleración global de la concentración de la riqueza y señala, de manera expresa, a la Argentina como uno de los escenarios donde ese proceso se manifiesta con mayor claridad.
En 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios creció en todo el mundo más de un 16%, triplicando el ritmo promedio de los cinco años previos y alcanzando un récord histórico de 18,3 billones de dólares. Para Oxfam, esta dinámica constituye una amenaza directa para la democracia. El informe aporta un dato que resume estadísticamente el problema: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que la población común. La desigualdad económica, advierte la organización, tiende a traducirse en desigualdad de poder.
En ese marco, la mención a la Argentina no es circunstancial. El país es caracterizado como un “laboratorio global” donde la aplicación del modelo económico libertario ha profundizado de manera especialmente marcada la distancia entre la riqueza extrema y la pobreza extrema. Mientras amplios sectores de la sociedad atraviesan una crisis económica severa, las grandes fortunas locales registraron durante 2024 un crecimiento desproporcionado.
El informe menciona a empresarios como Marcos Galperin, Paolo Rocca y Alejandro Bulgheroni, cuyas fortunas se vieron favorecidas por decisiones concretas de la política económica de Javier Milei: la desregulación de sectores estratégicos como la energía, las finanzas y el comercio electrónico, y la reducción de impuestos que gravan la riqueza, entre ellos Bienes Personales.
El contraste es aún más pronunciado cuando se observa la evolución de los ingresos. Según Oxfam, la Argentina registró en 2024 una de las mayores caídas del salario real a nivel mundial. El deterioro fue tan profundo que empujó a la pobreza a trabajadores con empleo formal, erosionando una de las últimas barreras que separaban la integración laboral de la exclusión social.
A este cuadro se suma el ajuste en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social. El informe es categórico al señalar que, lejos de ser un simple esfuerzo de ordenamiento fiscal, la reducción del gasto social operó como un factor adicional de profundización de la desigualdad. Al debilitar la red de contención estatal, los sectores más vulnerables quedaron expuestos sin protección frente al aumento sostenido de los precios de alimentos y medicamentos.
Es cierto que hacia fines de 2024 y comienzos de 2025 algunos indicadores macroeconómicos mostraron señales de estabilización e incluso de mejora relativa. Pero esa recuperación no alcanzó para revertir la tendencia de fondo. La brecha entre ricos y pobres no solo persiste, sino que se consolida.
El crecimiento de la desigualdad, sostiene Oxfam, es una amenaza que pende sobre la democracia misma. Cuando la riqueza se concentra de manera extrema, también se concentra la capacidad de influir en las decisiones públicas. En ese escenario cabe preguntarse hasta qué punto una democracia puede sostenerse sobre una desigualdad que no deja de expandirse.
