En diciembre último, el juez Correccional de Tercera Nominación, Javier Herrera declaró culpables a dos agentes de tránsito de la Municipalidad de la Capital, de apellido Soria y Toledo, en el delito de “exacciones ilegales”. A la vez, impuso para cada una, una multa de $10.000, una pena de un año de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer en la función pública por un año y seis meses. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que la defensa de las agentes de tránsito presentó un recurso de casación ante la Corte de Justicia, a fin de revocar la sentencia condenatoria.
- El Ancasti >
- Edición Impresa >
- Policiales >
Agentes de tránsito buscan revocar su condena en la Corte
Las declararon culpables por “exacciones ilegales” y se les fijó una pena de un año de prisión en suspenso.
El hecho por el que respondieron sucedió en mayo de 2022. Una mujer circulaba en su automóvil, por la zona del microcentro. En la esquina de Chacabuco y 9 de Julio, la conductora fue interceptada por las agentes Toledo y Soria. Según el procedimiento de rutina, las agentes solicitaron la documentación correspondiente a la conductora. A posterior, le indicaron que debían secuestrar el vehículo por una infracción incurrida (conducir con el teléfono celular en la mano). La mujer explicó que debía buscar a un familiar con discapacidad. Ante esta situación, ambas agentes, abusando de sus cargos, le solicitan la entrega indebida de dinero en efectivo. "¿Cómo podés arreglar entonces?", preguntaron las agentes de Tránsito, con la condición de omitir el secuestro del rodado. La mujer entregó $2.000 en manos de las agentes y ellas le devolvieron su documentación y se retiraron del lugar.
Durante el debate, que se realizó en diciembre último. Tanto las acusadas como la denunciante declararon. Cada una contó su versión.
En los fundamentos, el magistrado destacó el alegato del fiscal Correccional Víctor Figueroa. El representante del Ministerio Público Fiscal había advertido la presencia de las acusadas en la esquina de 9 de Julio y Chacabuco, lugar donde interceptaron a la denunciante. Esta cuestión no generó controversia durante la audiencia de debate. “Esto fue reconocido por las imputadas en las declaraciones prestadas respectivamente ante el fiscal de Instrucción y ante este tribunal. El testimonio prestado por la denunciante es por demás contundente y demostrativo de la conducta e intención que tenían las agentes de tránsito”, destacó el juez Correccional.
El magistrado detalló que las agentes de tránsito se acercaron del lado derecho, de la ventanilla del acompañante, y le pidieron la documentación del vehículo. La conductora les dio la licencia de conducir y cédula verde. Sin embargo, no encontraba el seguro que solo lo tenía en el teléfono.
Luego, las agentes le dijeron que debían retenerle el automóvil y llevarlo con la grúa. La conductora les pidió que no se lleven el rodado porque tenía una hermana enferma que la había llamado. Entonces, las agentes de tránsito le preguntaron a qué se dedicaba; la mujer les contestó que era jubilada. “Una de ellas le decía ‘¿cómo hacemos?’ en reiteradas oportunidades, en el sentido de que querían hacer algún arreglo, que les diera algo, infiriendo esa intención porque las agentes en más de una oportunidad le reiteraban la pregunta ‘¿entonces, cómo hacemos?’. Como tenía la cartera sacó la billetera y les ofreció el único dinero que tenía. Una de ellas le contestó “que con eso no hacía nada, que lo del traslado del rodado era más dinero”. Luego, puso el dinero en el asiento del acompañante y una de las agentes ingresó el brazo al automóvil levantando el dinero, y le dijo que podía retirarse. Así, siguió adelante sin que le retengan el rodado ni le labren el acta”, precisó.
Además, se advirtió que la defensa de las imputadas intentó torcer el testimonio de la denunciante, en el sentido de asignarle la voluntad unilateral de sobornar a las agentes de Tránsito imputadas o endilgar a la denunciante una mala interpretación de lo que escuchó. Sin embargo, para el juez Correccional, la realidad mostró lo contrario.
A criterio del magistrado, expresiones como “entonces ¿cómo hacemos?", tras escuchar el pedido de la denunciante que la dejasen continuar, o “con eso no hace nada”, refiriéndose al ofrecimiento de $2.000 son frases que, dichas en ese contexto, no dan margen para otra interpretación que no sea la exigencia de dinero a cambio del ‘favor funcional’. La voluntad de las agentes de exigir dinero a la conductora a cambio de dejarla continuar su marcha ha quedado al descubierto luego de observar en la sala de debate el contenido de la filmación captada por la cámara de monitoreo del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia SAE911, ubicada en esa esquina. Esta filmación, incorporada a debate con anuencia de partes, fue obtenida por el personal policial que se encontraba de guardia en esa dependencia el día del hecho, los cuales labraron las actuaciones pertinentes al advertir cómo el hecho ilícito objeto de debate comenzaba su desarrollo hasta la consumación”, señaló.