domingo 29 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Absoluta obscenidad

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El alegato de Cristina Fernández de Kirchner contra su condena fue el cierre de tres días que condensaron la degradación institucional argentina.

La aceleración de la secuencia descendente empezó el domingo, con la difusión del contenido de un grupo de Telegram integrado por jueces federales, funcionarios de la CABA, ejecutivos del Grupo Clarín y un exmiembro de la SIDE planificando el encubrimiento de un viaje a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro. El material había sido obtenido ilegalmente, por el “hackeo” del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, partícipe de las tratativas. No obstante, por el nivel de promiscuidad que reveló, su divulgación conmocionó la escena política.

El lunes, el presidente Alberto Fernández utilizó la cadena nacional para denostar a los involucrados. No solo no hizo mención a los procedimientos empleados para acceder a los chats, sino que se envaneció, con su proverbial consistencia argumental, de que “las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo” durante su gestión. Legitimó de este modo una maniobra de espionaje ilegal.

Ayer, en el tercer acto, Cristina hizo un pormenorizado análisis del “hackeo” para desacreditar la condena por corrupción dictada en su contra.

Vínculos inadmisibles de jueces con espías y empresarios mediáticos. Un Presidente que utiliza información obtenida ilegalmente, en los “sótanos” que no se priva de cuestionar, con propósitos facciosos. Una Vicepresidenta condenada por corrupción que recurre a esa misma fuente para abonar la teoría de que es víctima de una persecución del “lawfare”.

Sobrevolando todo, tenebrosos grupos que comercializan información obtenida por métodos ilícitos, con la que chantajean y condicionan a los espiados.

La autonomía que estos personajes tienen respecto de las instituciones democráticas es quizás el dato más inquietante de la trama, lo que marca el subsuelo en el que está el país.

Todos los que ocasionalmente ejercieron el poder en la Argentina supusieron que servirse de ellos con fines partidarios o personales sería inocuo. Las consecuencias están a la vista.

La tecnología y la solvencia para la intriga que tan buenos rendimientos arrojan para demoler adversarios y extorsionar dirigentes y magistrados, ha sido impotente para, por ejemplo, restringir el narcotráfico. O para prevenir el intento de homicidio a la Vicepresidenta perpetrado por los grotescos “copitos”, algunos de cuyos miembros aparecían incluso por televisión y se pavoneaban por las redes sociales.

Este es el resultado de la gestión de una dirigencia política que se ha alternado en el mando sin escatimar desatinos, enajenada del derrumbe que precipitaba con sus conductas.

Un poder, en definitiva, impotente, que expresa aflicciones por la prosperidad de las prédicas antisistema y el afianzamiento de sujetos estrafalarios en base a discursos de indignación.

¿De qué asombrarse? Si la discusión política no consigue apartarse del chiquero mientras la calidad de vida de la inmensa mayoría de la sociedad cae en contraste lacerante con la ostentación de sus representantes.

Si algo faltaba para verificar el carácter fallido del Estado argentino es el espectáculo de los últimos tres días, con la catarsis de la Vicepresidenta despojada de toda templanza en el final.

Jueces, legisladores, funcionarios, gobernantes, empresarios, espías, en el mismo lodo, todos manoseados.

En 72 horas, la decadencia se exhibió con absoluta obscenidad.n

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