En el Presupuesto de este año se registró una significativa caída respecto de los anteriores: en lugar de incrementarse en torno al promedio del 30% que venía desde hace unos años, aumentó sólo un 18%, indicio concreto de que el horno no estaba para bollos. Las promesas de reducción del gasto público en los niveles más altos de la administración se quedaron en las gateras del anuncio. Suelen alegar los funcionarios que, en realidad, una reducción de sus gastos no incidiría significativamente en los ahorros, argumento que omite maliciosamente la expansión de la estructura del funcionariato y el elemento más importante en el contexto actual: si las conducciones no predican austeridad con el ejemplo, las bases de la pirámide no aceptarán los sacrificios que se les requieren. Es una cuestión menos económica que política. En un marco general de carencias, con la inflación comiéndose el poder adquisitivo, cobran más valor las conductas. Mal puede el dispendioso solicitar mesura. Todos son ñatos y quieren oler. Así es como, tras la designación de "herederos" de los empleados en el Tribunal de Cuentas, un sector gremial pidió la generalización del sistema de legación familiar de puestos a toda la administración pública. Los beneficiarios de un programa social municipal presionan ahora para que se los incorpore a la grilla de agentes con contratos de servicio, ahora con la invaluable colaboración de los concejales capitalinos, que no han avanzado en nada para reducir sus erogaciones. La misma actitud asumen beneficiarios de programas sociales nacionales, e integrantes de cooperativas solicitan también que se les incrementen los salarios. Es comprensible: todos olfatean que en poco tiempo más el Estado se quedará sin margen financiero, y buscan garantizarse el futuro. Pero no es diferente lo que hacen quienes conducen los destinos provinciales.