La búsqueda de aceptables niveles de seguridad sobre las personas y los bienes es una de las preocupaciones centrales de buena parte de la ciudadanía, que se expresa en encuestas, foros, quejas y protestas, las más de las veces con muy buenos motivos.
Los poderes públicos vienen reaccionando frente a este reclamo con fórmulas muy parecidas, que se reproducen de provincia a provincia y que, básicamente, responden a las siguientes medidas: incremento del personal policial, mayor cantidad de patrulleros, cámaras de vigilancia y modificación de la legislación para obstaculizar las excarcelaciones.
Las medidas en torno a las cuales giran las políticas públicas en materia de seguridad, además de su enorme costo (que es retaceado a otras áreas, como por ejemplo la promoción de los sectores vulnerables de la comunidad, proclives a entrar en conflicto con la ley penal), no han demostrado ser idóneas para resolver los problemas a los cuales se orientan. Luego de más de una década de impulsar estas medidas, los problemas y los reclamos continúan como estaban en un comienzo. Sería suficiente consultar los diarios de diez años atrás para comprobar que los discursos se repiten sin solución de continuidad.
Únicamente un Estado y una sociedad con vocación suicida puede insistir con fórmulas demostradamente fracasadas.
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana impulsado por el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados catamarqueña y se encuentra a la espera de su definitivo tratamiento por los senadores, se orienta, precisamente, en una dirección diferente a la que criticamos y es merecedor de nuestro decidido respaldo.
Primero y trascendente: se considera a la seguridad como un bien relevante que debe ser construido y gestionado con la indefectible participación ciudadana. Los vecinos dejan de ser meros destinatarios (objetos) de la acción pública, para convertirse en verdaderos artífices y protagonistas de la construcción de la seguridad. Los foros que se implementen en diferentes niveles (provinciales y comunales) serán el ámbito propicio para que los vecinos y las organizaciones de la sociedad interactúen con las autoridades públicas, generando un diálogo enriquecedor para identificar de modo realista los problemas que se deben afrontar y las políticas a implementar.
El proyecto se orienta a un modelo policial más descentralizado, con mayor relación con la comunidad y que, en buena medida, abandone la concepción militarizada que lo caracteriza (en Catamarca y en el resto de las provincias). En ningún momento puede perderse de vista que la Policía es una institución civil a la que la ciudadanía confía el uso de la fuerza pública para la protección de los derechos esenciales y, fundamentalmente, los derechos de aquellas personas que menos posibilidades tienen de defenderlos y ser oídas.
Finalmente, propender a la profesionalización de las fuerzas de seguridad, para posibilitar que su acción sea más eficaz respecto de las modernas y complejas formas de criminalidad, quitando el exclusivo foco de la atención en el último eslabón de la cadena delictiva, normalmente representada por delincuentes fracasados, de poca monta, que difícilmente logran concretar sus rudimentarios planes.
A quienes de verdad nos preocupa encontrar fórmulas sensatas para conseguir razonables niveles de seguridad tenemos grandes expectativas que los poderes públicos catamarqueños terminen de sancionar una normativa que abandone las archirepetidas fórmulas del fracaso e incursione en las implementación de herramientas novedosas e inteligentes, capaces de generar una inercia distinta.
