El máximo tribunal consideró que el empresario K es culpable. Tuvieron que llamar a dos conjueces para definir.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, la causa en la que lo encontraron culpable de haber lavado 55 millones de dólares entre los años 2010 y 2013. Esas maniobras se concretaron a través de Austral Construcciones, la firma que recibió del Estado 51 licitaciones viales "plagadas de irregularidades" y que le valió a Cristina Kirchner su primera condena por corrupción, que ya se encuentra en manos del máximo tribunal.
Con la firma de los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, convocados para intervenir en la causa, se confirmó las condenas.
Los cuatro entendieron que el planteo de las defensas era “inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El ministro Carlos Rosenkrantz, en tanto, opinó en minoría por darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.
En otro orden, sin disidencias, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal también rechazó una serie de recursos de la ex presidenta Cristina Kirchner contra la investigación que se reabrió en su contra y los jueces que intervinieron, por entender que no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La ex jefa de Estado no formó parte del juicio en esta causa y su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su sobreseimiento y la decisión fuera cuestionada por una ONG que consiguió convertirse en querellante.
Cuando la Cámara de Casación confirmó la sentencia del juicio en este expediente en el que Cristina Kirchner se encuentra imputada, redujo la pena de Lázaro Báez de 12 a 10 años de prisión.
Este criterio produjo que las demás condenas también sean modificadas: Martín Báez, que tenía nueve años de cárcel, quedó condenado a seis años y medio. El menor de los hijos varones del empresario, Leandro, que tenía una pena de cinco años, terminó condenado a tres años de prisión.
Las únicas dos absoluciones son para las hijas de Lázaro, Luciana y Melina Báez, que en el juicio habían sido condenadas a tres años de prisión.
Los criterios aplicados fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia que tuvo que convocar a dos conjueces para resolver este caso, que ingresó al máximo tribunal en junio de 2023.
Según se determinó en este caso, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) lavó 55 millones de dólares.
Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Los fondos que provenían de la obra pública vial que ganó sistemáticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, según sostiene la condena ahora confirmada.
En el marco de estas operaciones hay otros números: durante el período en el que las maniobras de blanqueo se concretaron, Báez adquirió 1.412 propiedades que a 2016 se le adjudicaron un valor de U$S 205 millones.
El movimiento de dinero, la compra compulsiva de bienes muebles e inmuebles, representó -entre 2004 y 2015- que el patrimonio del ex socio comercial de Cristina Kirchner, se incremente en un 12.127 %, mientras que el de Austral Construcciones creció un 45.313%.
Al ponderar la utilización de Austral Construcciones y de la firma de taxis aéreos Top Air, se avaló el decomiso a ambas compañías por una suma equivalente a los 330 millones de dólares. Además, se confirmó el decomiso de activos por un valor equivalente a 65 millones de dólares.
La sentencia condenatoria fue taxativa a la hora de determinar que se "convirtió el dinero blanco (de diversos organismos estatales) en dinero negro", respecto a los fondos que Austral recibía del Estado en concepto de obra pública vial.
"Quedó acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades 'pantalla' -eludiendo los controles fiscales-", los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.
Siempre usando a Austral Construcciones, estas operaciones se estructuraron de la siguiente manera: en primer término se expatriaron los fondos "por transacciones en distintos bancos internacionales", en relación a las cuentas abiertas en Suiza principalmente.
La etapa final del circuito incluyó una "repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados". Se usó a Austral Construcciones para la compra de bonos y así reingresar al circuito el dinero de origen ilícito.
La suma investigada y que le significó al ex socio comercial de Cristina Kirchner su primera condena por lavado, asciende a 54.870.000 dólares, "coincidente dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez", consideraron los camaristas.
La sentencia que obtuvo carácter de firmeza tras el fallo de la Corte, determinó que todos los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, "por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos".
La finalidad de este circuito tuvo como objetivo "cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita". Esto se logró a través del mecanismo llamado de “cable” o “compensación”; así lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.
Para esto fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permitía la compensación de "montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes".
En ese parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la "Rosadita"- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares.
“Se probó que el dinero así depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon", sostiene la condena.
Finalmente el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que posteriormente "fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones".
Sin embargo, quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación "ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue Lázaro Báez, quien se valió de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios".
