La Suipachense ya estaba paralizada desde principios de septiembre por el retraso del pago de salarios y el despido de nueve de los 143 empleados.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., dueña de la marca La Suipachense, tras meses de inactividad, salarios impagos, deudas millonarias y una gestión que terminó por vaciar lo que alguna vez fue un orgullo productivo de la cuenca lechera.
La firma tenía el 3% del mercado nacional de leche. La semana pasada, la Justicia ya había decretado la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea ubicada en la localidad de Lincoln, que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, y que era de los mismos dueños que La Suipachense.
Con el fallo del juez Leandro Julio Enriquez, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, dueño de Conosur SA, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de dicha firma con asiento en al ciudad bonaerense de Suipacha. Además, en su resolución, el magistrado hizo saber “a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida” para garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión. El juzgado informó que la Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra y le solicitó adoptar “las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales y garantizar la seguridad de la planta”.
La resolución también ordena “que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras, cerrar todas las cuentas corrientes de la empresa y embargar y transferir los saldos existentes”. Además, dispone su inhibición general de bienes, prohíbe “la realización de pagos a la firma fallida”, ordena la clausura del establecimiento y que se constate su estado para preservar los bienes y la información contable.
La empresa, propiedad de unos hermanos venezolanos antichavistas que la compraron en 2012, Manuel y Carlos Fernández, del grupo Maralac, aduce tres problemas. Primero, los precios bajos de la leche, fruto del éxito de Milei en la reducción de la inflación. Segundo, el alto costo de producción, vía sobrevaluación del peso, algo que por ahora festejan los tamberos como el presidente de la Sociedad Rural de Suipacha, Marcelo Lizziero, porque pasaron de recibir US$0,25 por litro a 0,40, pero ahora están como sus colegas uruguayos y eso explica que entre leche de su país, Conaprole, más cara que La Suipachense y las marcas de supermercados, pero más barata que La Serenísima, Las Tres Niñas, Milkaut, Tregar o Verónica –otra láctea en crisis, como Sancor–.
Por último, las altas tasas de interés, con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener el peso, afectan a todas las empresas, incluida la láctea del pueblo. No es casualidad que en ese contexto La Suipachense haya emitido 300 cheques rechazados por $3.000 millones. Además deben cientos de millones de pesos a los empleados y alrededor de $100 millones tanto a la cooperativa de luz y gas Coesa como a la estación de servicio, que le dejó de vender combustible.
