La iniciativa impulsa nuevos criterios para el uso y distribución de fondos nacionales, con impacto directo en las provincias y en el personal del organismo.
Un proyecto de ley ingresado recientemente al Congreso, presentado por el bloque de senadores nacionales Convicción Federal, propone una actualización del régimen de financiamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó legalmente a la ex AFIP. El bloque está integrado por los senadores Guillermo Eduardo Andrada, María Carolina Moisés, Jesús Fernando Rejal y Fernando Aldo Salino.
La iniciativa busca modificar parte de la normativa establecida por el Decreto 1399/2001. El texto establece que ARCA se financiará con el 1,90% de la recaudación neta total proveniente de los tributos y recursos aduaneros que administra. Además, contempla ingresos adicionales como ventas de publicaciones, comisiones por remates y donaciones.
Uno de los cambios centrales aparece en el artículo 2, que introduce un nuevo sistema de distribución de los fondos no utilizados durante el año fiscal. La propuesta determina que el 50% de los montos no ejecutados cada mes deberá transferirse de manera automática a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, según los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal (23.548). Al cierre del ejercicio anual, el excedente total también deberá distribuirse en iguales condiciones. El proyecto indica que estos recursos no podrán ser utilizados por otro Poder del Estado y que el Banco Nación no recibirá retribución por las transferencias.
Por otra parte, el artículo 3 modifica el funcionamiento de la “Cuenta de Jerarquización”, el fondo destinado a incentivos salariales dentro de ARCA. La iniciativa fija una asignación obligatoria mínima del 0,75% de la recaudación neta, que podrá elevarse hasta el 1%. Su distribución entre el personal se realizará según criterios de rendimiento y eficiencia, definidos por el Ministerio de Economía.
Finalmente, la propuesta deroga artículos específicos del Decreto 1399/01 y fundamenta que la actualización permitirá mayor transparencia, evitar la acumulación de fondos ociosos y garantizar una distribución más equitativa de los recursos.
