Por el ajuste, 3.500 empresas constructoras se encuentran paralizadas y 250 mil trabajadores fueron despedidos o suspendidos
Es por la decisión del gobierno de Milei de paralizar la obra pública. Los empresarios señalan que nunca la situación fue más grave, ni siquiera con la crisis de 2001-2002
La paralización de la obra pública decidida por el gobierno de Milei provocó que 250 mil trabajadores fueron despedidos o suspendidos.
Las constructoras de obras públicas van camino a ingresar al tercer mes de inactividad. Con las obras frenadas desde fines de noviembre, quienes tienen varios años de antigüedad en el rubro reconocen que nunca atravesaron una situación tan prolongada como la actual con los obradores cerrados, la mayor parte de los trabajadores suspendidos y sin una dependencia oficial que atienda y resuelva sus problemas. Destacan que ni siquiera vivieron algo similar durante la crisis de 2001 y principios de 2002, cuando la incertidumbre duró menos de 30 días hasta que la gestión de Eduardo Duhalde puso en marcha las primeras medidas para reordenar la economía.
Tras haber mantenido desde mediados de diciembre un bajo perfil, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss salió esta semana a advertir que el sector enfrenta “una crisis inédita por la paralización de unas 3.500 obras públicas que se extendería por un largo plazo".
Los números del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que el sector tiene un total de 440.098 personal registrado. Según los cálculos del empresariado, hasta ahora hay alrededor de 250.000 personas suspendidas y despedidas por la interrupción de las obras públicas.
Camarco convocó para el 1° de febrero a las empresas y delegaciones provinciales a una reunión extraordinaria de su Consejo Federal para analizar la situación y evaluar qué medidas podrían adoptar para que la administración libertaria reconfigure su política contraria a las obras públicas.
Entre los temas a tratar asoma uno que comenzó a sonar con fuerza en los últimos días, y que podría agravar aún más los problemas del sector, es la posibilidad de que tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires tomen la decisión de liquidar las deudas atrasadas con dos títulos públicos en pesos, a largo plazo y que tendrían que ir a cambiar al mercado financiero por debajo de sus valores nominales.
