Patricia Bullrich propuso grabar las conversaciones entre los presos y sus abogados
La idea generó amplio rechazo de juristas y académicos, que consideraron que se trata de una propuesta "ilegal" y "prohibida" en el país por la Constitución Nacional.
Patricia Bullrich
4 de octubre de 2023 - 09:00
Patricia Bullrich aseguró que, si es electa presidente, grabará a las personas detenidas mientras hablen con sus abogados, algo que generó un rotundo rechazo de juristas y académicos. En una entrevista al canal Neura Media publicada el lunes, la candidata de Juntos por el Cambio propuso grabar las conversaciones de las personas privadas de su libertad, incluso cuando estuvieran conversando con sus abogados defensores, y aseguró que impulsaría "poner en el Código Penal" esa iniciativa.
"Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación", añadió Bullrich durante la entrevista.
"Pueden tener el derecho constitucional de su defensa, pero su defensa se graba", sumó.
La propuesta fue considerada por los especialistas como "ilegal" y "prohibida" en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en "todos los Estados democráticos" del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas "por la ley de la selva".
En ese sentido, alertaron que viola una "garantía elementalísima", que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina, sino para todos los países democráticos del mundo.
"Distingue sin remedio los Estados democráticos de aquéllos en que se pretende que rija la ley de la selva o fuerza bruta de las bestias", graficó en diálogo con Télam Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
El académico explicó que "todas las garantías se encuentran en la escritura fundamental, la Constitución, para autorizar la certeza en las relaciones porque, sin certeza, no hay paz" y advirtió: "En suma, dime las garantías y te diré qué tipo de Estado promueves y defiendes: si el democrático o la barbarie".
“Desde el punto de vista jurídico, lo que propone Bullrich es impracticable salvo que renunciemos al Estado de derecho y vayamos a un Estado totalitario que, con la excusa de la seguridad, vulnere garantías básicas como el derecho de defensa. Es inconstitucional porque va en contra del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribió en 1984 al recuperar la democracia y que tiene rango constitucional desde 1994”, afirmó Manuel Tufró, director del área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tufró remarcó que prácticas similares se implementaron durante el gobierno de Cambiemos en las cárceles para realizar operaciones político-mediáticas –como quedó acreditado en la causa que se centró en las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros. “Nada de eso se usó para investigar mercados ilegales, sino que se creó un nuevo mercado ilegal de escuchas telefónicas”, sostuvo el integrante del CELS.
Alejandro Rúa fue uno de los letrados escuchados durante la gestión Cambiemos y que denunció estos métodos–incluso ante organismos internacionales. Para él, Bullrich insiste en la ilegalidad. “Las comunicaciones abogado-cliente son siempre confidenciales y el Estado debe asegurarlas con el mayor resguardo si además el cliente está preso. La normativa de jerarquía constitucional y las reglas de interpretación del sistema internacional son claras y expresas, pero aún insiste en la ilegalidad que ya transitó durante su última gestión ministerial con los Marcelo D´Alessio y los Súper Mario Bros”, apuntó.
El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, se manifestó contrario a cualquier intromisión en el vínculo entre una persona y su defensor. “El principio es muy claro: las conversaciones entre un cliente y su abogado tienen que ser confidenciales porque, de lo contrario, se afecta el derecho de defensa. El cliente deposita en el abogado una relación de confianza y ésta le debe permitir expresarse con toda libertad”, explicó. “Sin embargo, tengo la sensación de que Patricia Bullrich se está refiriendo a otros casos en los que el abogado ya no actúa como defensor sino como un emisario de un narcotraficante. De todos modos, cualquier intervención debería hacerse, por supuesto, con orden judicial. Esperemos que esto se aclare bien”, puntualizó.
