La negociación del Presupuesto 2026, convocado por el Ejecutivo nacional mediante decreto de sesiones extraordinarias, encara su primera gran prueba. Pese al avance formal con la firma del decreto, los gobernadores reprochan al ministro de Economía, Luis Caputo, la falta de definición sobre los compromisos incumplidos que la Nación mantiene con varias provincias.
El paquete que busca aprobarse incluye -además de la ley de leyes- una serie de reformas estructurales y una “Inocencia Fiscal”, pero desde las provincias alertan que no acompañarán sin respuestas concretas sobre fondos adeudados. Entre los reclamos sobresalen los atrasos en convenios de obras públicas, subsidios comprometidos y la normalización de transferencias pendientes.
Según fuentes oficiales, en Hacienda aún trabajan en la redacción de modificaciones, guiados por Caputo y su equipo, aunque hasta el momento ninguna gobernación recibió un borrador formal. La negociación, advierten, está lejos de cerrarse.
Entre los casos más resonantes figura el de la provincia de Santa Cruz, que reclama una deuda de $11.000 millones correspondientes a convenios firmados con Vialidad Nacional que no fueron cumplidos este año. Dichas demoras impactan directamente en obras viales y mantenimiento de rutas.
Por su parte, autoridades de provincias patagónicas, agrupadas en un bloque de protesta, exigen la inclusión explícita del pago de estos compromisos en el nuevo Presupuesto. A través de la titular de Vialidad de Tierra del Fuego, Ileana Zarantonello, alertaron que no pretenden “beneficios extra”, sino simplemente “que se cumpla lo pactado”.
El atraso también incide en otros rubros: subsidios a consumo de gas en zonas frías, programas sociales y fondos para obras. Si la Nación no garantiza esos pagos, sostienen las provincias, cualquier aprobación del presupuesto carecerá de legitimidad real.
El proyecto de ley de Presupuesto busca consolidar el equilibrio fiscal -evitando financiamiento vía emisión monetaria o endeudamiento-, al mismo tiempo que asigna partidas para salud, seguridad, educación y defensa. En ese marco, el Ejecutivo pretende acompañar con leyes como la de “Inocencia Fiscal”, una reforma laboral y la modernización de normas penales.
Para concretar estos objetivos, el Gobierno cuenta con la nueva conformación de sus bloques parlamentarios, pero necesita respaldo territorial. En ese sentido, el ministro de Interior, Diego Santilli, asumió el rol de interlocutor directo con los gobernadores, en lo que ya se perfila como una negociación tensa y decisiva.n