Consideran ilegal la retención de la asignación complementaria
La oposición advirtió que el doble descuento para financiar a OSEP es arbitrario
La diputada Alicia Paz había presentado un proyecto para solicitar que se deje sin efecto la medida, pero no fue tratado. Silvana Carrizo anticipó que podrían ir a la Justicia.
Diputadas de la oposición consideraron que es ilegal el doble descuento que realiza la Provincia a los jubilados para financiar OSEP. La diputada Alicia Paz (UCR) había presentado un proyecto de resolución por el que solicitaba dejar sin efecto el decreto del Ejecutivo que habilitaba a realizar una retención del 4,5% de la asignación complementaria que reciben los jubilados para la obra social cuando, en realidad, ya tienen un descuento de haberes con la misma finalidad. La iniciativa fue a la Comisión de Hacienda, pero no tuvo tratamiento. En tanto que la diputada Silvana Carrizo consideró que se trata de un “avasallamiento” no solo el nuevo descuento para OSEP, sino también el incremento de la alícuota para la AGAP y anticipó que podrían accionar en la Justicia.
“Con este decreto (por el 398/2024) el Poder Ejecutivo impone un nuevo aporte a los jubilados y pensionados del Estado provincial, que será destinado a financiar la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) generando de esta manera una doble retención”, afirmó la diputada Paz.
“Ante esta decisión del Poder Ejecutivo, creemos necesario destacar en primer término que quienes son los beneficiarios de la asignación complementaria, sean por el régimen de la Ley 5192 o del Decreto 127/11, son beneficios que liquida y paga la ANSES, quien actúa como agente de retención de la alícuota prevista para OSEP por lo que, en oportunidad de generar la liquidación de la suma a pagar, practican la retención correspondiente y la ingresan a la obra social por cuenta y orden del beneficiario”, señaló.
Sostuvo que la naturaleza de la asignación complementaria (82% móvil) no reviste el carácter de beneficio previsional considerando que fue creada con posterioridad a la delegación de las facultades del Estado provincial de legislar en materia previsional, ya que fue posterior a la transferencia de la Caja previsional. “Es un suplemento que la autoridad política incorpora al presupuesto de gastos reconociendo la obligación constitucional de garantizar el 82 % móvil, por lo tanto, es un concepto no sujeto a retenciones, excepto la prevista en el Decreto 127/11 como fuente de financiamiento de la Caja Complementaria”.
“Es claro que con las disposiciones tomadas por el Ejecutivo provincial se busca solamente un fin recaudatorio, que pretende financiar a la OSEP", opinó.
"Es dable aclarar que no se tuvo en consideración que los fondos utilizados para el pago de la asignación complementaria creada por Decreto Acuerdo 127/11 son propiedad de los afiliados, ya que son ellos los aportantes, por lo que mal puede el Estado apropiarse de los fondos mediante una norma que pretende tomar una parte y transferir a otro organismo del Estado, como lo es la OSEP”, señaló.
En aquel momento advirtió que de permitirse que los descuentos sigan realizándose, se dejaría en evidencia “una clara incoherencia al decidir el Estado otorgar un beneficio al jubilado o pensionado reconociendo su derecho a percibir el 82% móvil y por otra norma que desconoce el mismo detrayendo la suma para trasladar a OSEP. Es decir, por una decisión administrativa le otorga el beneficio y por otra norma le detrae”.
Carrizo
La diputada Silvana Carrizo, presidenta del bloque de la UCR, recordó que el año pasado se dictaron dos decretos que afectan a los empleados públicos y a los beneficiarios del sistema de financiamiento del Régimen de Asignación Complementaria Previsional. El primero consistió en elevar el monto de los aportes del 2% al 3% a partir de este año. El otro corresponde a la detracción del 4,5% para la obra social. Carrizo coincidió con Alicia Paz en relación con el doble cobro. “Como se puede apreciar, entre marzo y abril de 2024, el Poder Ejecutivo provincial mediante dos instrumentos (Decretos Acuerdo 224/2024 y 398/2024) atenta directamente en contra de los jubilados y pensionados catamarqueños disminuyendo los insuficientes recursos mensuales que perciben para cubrir sus necesidades”.
“Estos decretos fueron dictados dos días antes del inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura, están vigentes, solo se los puede aprobar o rechazar completos con todos sus artículos y sin la posibilidad de efectuar ninguna modificación. Como oposición acompañaremos y respaldaremos a los 35.000 jubilados y pensionados de la provincia, y accionaremos ante la justicia por el avasallamiento institucional que hace el Gobernador y que siempre perjudica a los grupos más vulnerables”, anticipó.
