Lo más grave de esta medida es el uso del DNU para legislar sobre una competencia expresa del Poder Legislativo.
En una medida que desafía los límites de la constitucionalidad y la división de poderes, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 264/2026 para autorizar una serie de ejercicios militares con los Estados Unidos. La medida evita el control del Congreso, órgano que tiene la atribución exclusiva de autorizar el ingreso de tropas extranjeras según el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional.
Lo más grave de esta medida es el uso del DNU para legislar sobre una competencia expresa del Poder Legislativo. El Gobierno justifica esta vía excepcional alegando "necesidad y urgencia" provocada por la falta de tratamiento del proyecto de ley original en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta "urgencia" parece ser una construcción política: los propios anexos del decreto revelan que las maniobras, denominadas “Daga Atlántica” y “PASSEX”, no son hechos súbitos ni imprevistos.
Los documentos oficiales demuestran que el ejercicio se viene gestando mediante notas diplomáticas desde septiembre de 2024 y un Memorándum de Entendimiento firmado en marzo de 2025. Con casi dos años de planificación previa, el argumento de que es "imposible" seguir los trámites ordinarios para sancionar la ley queda expuesto como una maniobra para eludir el debate parlamentario sobre la política de defensa nacional.
El documento también lleva la rúbrica del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ministro del Interior; Diego César Santilli, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Pablo Quirno; teniente general Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; Alejandra Susana Monteoliva, ministra de Seguridad; Mario Lugones, ministro de Salud; y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Mientras el Gobierno pregona el ajuste, el decreto autoriza un gasto que supera los 895 millones de pesos para financiar estas maniobras ($428.750.000 para Daga Atlántica y $466.729.990 para PASSEX). La narrativa oficial intenta disfrazar este avance sobre la soberanía como una búsqueda de "interoperabilidad" y de ser un "socio confiable" para Washington.
Sin embargo, la decisión de otorgar el "inicio formal" a este tipo de ejercicios por decreto no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que marca un salto cualitativo en la subordinación militar hacia los intereses estratégicos de los Estados Unidos, sin que los representantes del pueblo hayan podido emitir una sola palabra al respecto.
No se trata de una visita protocolar, sino de un desembarco de medios estratégicos de combate en puntos clave del país. El ejercicio “Daga Atlántica” prevé la llegada de 50 efectivos de operaciones especiales de EE.UU., que operarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la VII Brigada Aérea de Moreno y la Guarnición Militar Córdoba.
Fuente: eldestape.com
