El juez Casanello dio por cerrada la investigación contra Eduardo Belliboni, quien además está imputado por los delitos de administración fraudulenta y amenazas coactivas.
El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral y público al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa en la que está procesado por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudar al Estado nacional en la administración de fondos públicos.
La decisión incluye a otras 17 personas que enfrentarán cargos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. El próximo paso será el sorteo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que llevará adelante el juicio.
Casanello también citó a indagatoria a un grupo de personas acusadas de haber armado sociedades utilizadas para emitir facturas apócrifas vinculadas a la maniobra.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que: “La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros”.
Según el fiscal, el líder piquetero actuó como el “jefe” de esa organización.
Además de Belliboni, fueron enviados a juicio oral 17 personas más: María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
La defensa de Belliboni y de otros imputados había solicitado la nulidad del envío a juicio, argumentando que se hizo fuera de término, que se había recusado al fiscal y que se cuestionaba la intervención del Ministerio de Capital Humano como querellante. También negaron los hechos atribuidos.
“El Estado no vio disminuido su patrimonio ni perjudicado los intereses confiados por medio de los convenios ya que las prestaciones comprometidas fueron realizadas”, señalaron.
Sin embargo, Casanello rechazó los planteos. En su resolución afirmó: “Tras analizar las oposiciones formuladas, advierto que los argumentos esbozados por los/as letrados/as no han logrado derrumbar la hipótesis delictiva planteada (...). Se ha reunido numerosa prueba documental, testimonial e informática suficiente para acreditar —con el grado de certeza y provisoriedad propia de esta etapa— tanto la materialidad de los ilícitos como la intervención de las personas imputadas”.
La causa se inició en diciembre de 2023, durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, cuando el Ejecutivo habilitó la línea 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas contra organizaciones sociales que, presuntamente, obligaban a sus beneficiarios a participar de marchas.
Tras varias denuncias,el gobierno presentó una causa en Comodoro Py que quedó en manos de Pollicita y Casanello. En el expediente se incorporaron cinco testimonios protegidos y se realizaron allanamientos en sedes del Polo Obrero y otros domicilios, donde se secuestraron computadoras, cuadernos y documentación clave.
Según la Justicia, el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron $361.087.500 para aplicar a proyectos productivos, laborales y comunitarios. Sin embargo, gran parte de esos fondos habría sido administrada de forma indebida.
“Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas mediante facturas falsas, simularon gastos inexistentes, usaron empresas ficticias y recurrieron a cheques para ocultar el destino real del dinero”, explicó Casanello.
Además, señaló que una parte de los fondos nunca fue rendida ante el Ministerio.
El dirigente social está acusado de firmar facturas y recibos falsos, y de presentar cheques a empresas distintas a las consignadas para justificar gastos. También habría firmado declaraciones juradas falsas ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, donde declaró que los fondos se usaron “para el objeto solicitado” cuando, en muchos casos, las operaciones consignadas nunca existieron.
Otro de los ejes de la acusación es el uso de la coacción y amenazas para condicionar el acceso a los planes sociales a la participación en marchas y actividades políticas. En los allanamientos se encontraron cuadernos con anotaciones como “no come” o listados de personas que no asistían a las movilizaciones.
La Fiscalía también apuntó contra Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y referente de Barrios de Pie. Dos integrantes de esa organización también fueron enviados a juicio.
Según Pollicita, el desvío de fondos fue posible por la connivencia de funcionarios públicos que omitieron realizar controles adecuados: “Durante años, la ex Secretaría de Economía Social entregó fondos en procesos plagados de irregularidades, omitiendo deliberadamente controlar su verdadero destino”.
Belliboni fue indagado en junio de 2023. Durante su declaración de tres horas negó las acusaciones, explicó el funcionamiento interno del Polo Obrero y entregó tres biblioratos de documentación para respaldar su defensa. Afirmó que los aportes eran voluntarios, que las empresas eran autorizadas por AFIP, y responsabilizó a ese organismo por no controlar.
Además, criticó al Gobierno: “Justo esta causa comienza con la campaña anti piquetera y de estigmatización que inició el gobierno el 20 de diciembre”.
Durante la investigación, su defensa, encabezada por la abogada Liliana Alaniz, denunció penalmente al fiscal Pollicita por presuntas filtraciones y objetó que no se aceptaran pruebas ofrecidas por la defensa.
