El oficialismo envió un nuevo texto en el que se propuso reducir las empresas a privatizar y las facultades delegadas. Anoche continuaba el debate y afirman que se podría aprobar hoy.
En el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas. Sin embargo, al cierre de esta edición continuaba el debate en el marco de una jornada que estuvo cargada de tensión por los incidentes afuera del Congreso.
La Cámara de Diputados avanzaba anoche en el debate del megaproyecto de ley del Gobierno. Por la tarde la Casa Rosada envió una contrapropuesta con nuevas modificaciones al texto con el propósito de destrabar la aprobación de los artículos más conflictivos y que para el oficialismo resultan claves, entre ellos los referidos a la privatización de empresas públicas.
Ante la posibilidad de una derrota en el recinto, una delegación de emisarios libertarios encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -luego llegó el ministro del Interior, Guillermo Francos- aterrizó en la Cámara de Diputados. Poco después comenzó a circular entre los bloques de la oposición dialoguista un texto remozado del dictamen con nuevas modificaciones. En uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo accedió a acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica- podrán ser privatizadas parcialmente.
Si bien esta contrapropuesta ayudó a bajar los niveles de tensión en las vísperas de la votación en particular del articulado -prevista para hoy-, puertas afuera del Congreso manifestantes de izquierda y del kirchnerismo protagonizaban, por segundo día consecutivo, choques con las fuerzas policiales desplegadas por orden la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El clima de tensión se trasladó de inmediato al recinto, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó a los gritos que el debate pase a un cuarto intermedio. Su moción fue rechazada por el resto de los bloques.
Fue el momento más caliente de un debate que había recomenzado al mediodía y que transcurrió, desde entonces, sin mayores complicaciones. La aprobación en general de la iniciativa -prevista para esta madrugada- estaba asegurada; incluso se auguraba una mayoría holgada -entre 140 y 150 votos- al momento de la votación. Pero ése nunca fue el motivo de preocupación; lo que más inquietaba al oficialismo y a los socios del PRO -en todo momento actuaron en tándem- era la votación en particular de los artículos claves: privatizaciones, facultades delegadas al Poder Ejecutivo y las atribuciones para tomar deuda externa.
El capítulo sobre privatizaciones es uno de los puntos más cuestionados del texto; hasta la llegada de la nueva contrapropuesta, todos los bloques opositores -salvo PRO- se disponían a plantear modificaciones. Los artículos sobre facultades delegadas tampoco reunían mayoría para ser aprobados, pese a que el oficialismo acotó de 11 a 6 la cantidad de emergencias a ser declaradas durante este año, sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal anticiparon su voto en contra.
La aprobación de este punto, crucial para los intereses de la Casa Rosada, corrió serio riesgo cuando los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, molestos por el rechazo del Gobierno a coparticipar la recaudación del impuesto PAIS, dejaron trascender ayer que no acompañarían la redacción.
Con la llegada de la contrapropuesta, las tensiones comenzaron a aflojarse aunque todavía no está dicha la última palabra. “En principio este nuevo texto acerca bastante las posiciones, vamos a evaluarlo”, indicaron desde los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.
En el texto original del proyecto enviado al Congreso, el Gobierno se proponía privatizar de manera total un listado de 41 empresas públicas; ante las resistencias de la oposición, accedió a excluir a YPF y reducir el listado a 36 empresas; además, concedió que otras tres compañías -Banco Nación, Nucleoelétrica y Arsat- puedan ser privatizadas solo parcialmente.
Sin embargo, los bloques de oposición dialoguista -salvo PRO- insistieron en marcar su rechazo; no estaban de acuerdo con concederle al Gobierno la potestad de privatizar in totum semejante cantidad de empresas públicas; además, reclamaban que se incluyera en la iniciativa un mecanismo de control parlamentario exhaustivo sobre los procesos de privatización que se llevarán adelante.
La contrapropuesta del Gobierno elimina finalmente la delegación al Ejecutivo en materia fiscal. Así de las 10 iniciales que había pedido Javier Milei están quedando seis: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.