Claves
martes 15 de septiembre de 2026
El juez Marcelo Sago reconoció al gremio como parte acusadora, al considerar que los hechos investigados pueden afectar el acceso de docentes a cargos, suplencias y ascensos.
ENCJA. la justicia hizo lugar al planteo del SIDCA y lo habilitó a intervenir como querellante en la causa.
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El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) quedó habilitado para intervenir como querellante particular en la causa que investiga la presunta emisión y utilización de títulos académicos irregulares en el Instituto de Educación Superior (IES) Clara J. Armstrong. El juez de Control de Garantías Marcelo Sago hizo lugar al planteo del gremio y revocó el rechazo que había dispuesto la Fiscalía de Instrucción N° 7.
La resolución le permite al sindicato intervenir activamente en el expediente, aportar pruebas, solicitar medidas y controlar el avance de la investigación. El planteo había sido presentado por SIDCA luego de que la Fiscalía, a cargo de Paola Daniela González Pinto, considerara que la organización gremial no era directamente perjudicada por los hechos investigados.
El juez Sago adoptó una posición diferente y consideró que la presunta incorporación de antecedentes académicos irregulares al sistema de clasificación docente puede afectar de manera concreta al colectivo de trabajadores de la educación. Según el criterio expuesto en la resolución, esos antecedentes podrían modificar los puntajes de los listados e incidir en el acceso a cargos, suplencias y ascensos.
El expediente se originó a partir de controles realizados por el Ministerio de Educación y Trabajo sobre documentación académica correspondiente a títulos emitidos durante 2024 y 2025. En ese proceso, la Dirección de Legalización y Registro de Títulos detectó diferencias entre la información cargada en el sistema oficial de emisión digital y los registros existentes en el instituto.
Entre las observaciones aparecieron datos incompletos o contradictorios, inconsistencias en registros internos y copias presuntamente apócrifas de actas de libros matrices y de exámenes. También se detectaron casos en los que no se encontraba documentación académica suficiente para respaldar la trayectoria que debía sustentar determinados títulos.
Como resultado de esa revisión, fueron identificados 35 títulos con inconsistencias correspondientes a distintas carreras de formación docente. El Ministerio solicitó la anulación de los títulos observados dentro del sistema oficial y puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.
La Justicia intenta determinar qué ocurrió, cuándo se produjeron las irregularidades, qué documentación fue utilizada y quiénes pudieron intervenir en las distintas etapas del proceso de confección, validación y expedición de los títulos.
El caso también derivó en medidas dentro del IES Clara J. Armstrong. El Ministerio de Educación y Trabajo dispuso intervenir la administración del establecimiento y designó un equipo normalizador. En paralelo, una investigación presumarial determinó la existencia de elementos para avanzar hacia un procedimiento sumarial destinado a establecer eventuales responsabilidades administrativas.
En medio de esas actuaciones, el secretario general del SIDCA, Sergio Guillamondegui, había planteado que la investigación debía ampliar su alcance. El dirigente sostuvo que las irregularidades podrían superar ampliamente los 35 títulos detectados en la primera revisión y afirmó que, según conversaciones mantenidas con docentes, los casos podrían superar el centenar.
Guillamondegui también señaló que la eventual utilización de títulos irregulares para obtener puntaje podía alterar el orden de mérito y perjudicar a docentes que participan de los procesos de clasificación. En agosto, cuando el gremio todavía esperaba una definición sobre su participación en el expediente, había cuestionado además la falta de medidas de prueba y anticipado que buscaría intervenir formalmente en la causa.
La Fiscalía rechazó inicialmente ese pedido, pero SIDCA apeló la decisión y sostuvo que sus afiliados podían resultar damnificados por las consecuencias de la maniobra investigada. Con el fallo de Sago, el sindicato consiguió ahora un lugar dentro del proceso judicial y podrá participar de las actuaciones vinculadas con el esclarecimiento de los hechos.
