4 de abril de 2026 - 09:49
Mientras el Congreso Nacional es testigo del encadenamiento de dos mujeres jubiladas que en estos días exhibieron ante el pueblo argentino la desesperación por sus precarias condiciones de vida, el plan de ajuste del Gobierno recae, cada vez más, en la mayor parte de la población que depende de su trabajo para sobrevivir. En ese escenario, un segmento de la sociedad viene sufriendo especialmente el impacto directo de las medidas de recorte del gasto, liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: los adultos mayores, el grupo etario en el que más del 40% que alquila un techo apenas come 1 o 2 veces por día, y 7 de cada 10 se vio obligado a recortar alimentos.
En un momento en el que la discusión sobre la baja de la pobreza que celebró el gobierno de Javier Milei suma nuevas voces críticas, los datos de las condiciones de ingresos muestran otra realidad: la actividad laboral de mayores de 66 años creció 11% interanual debido a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones (-23% versus 2023) frente a una canasta básica del adulto mayor que superó los $1,8 millones y más que cuadruplicó el haber mínimo que reciben más de 5,0 millones de jubilados (apenas $ 450.000) y casi un millón de personas con discapacidad ($328.000). Esos valores incluyen el bono de $70.000 congelado desde 2024 y que, actualizado, debería ser de casi el triple ($190.000), según estimó la Defensoría de la Tercera Edad.
Una generación que trabajó y aportó durante décadas hoy se ve empujada a elegir entre comer, medicarse o pagar un techo. Lejos de tratarse de un deterioro coyuntural, los datos muestran un proceso de empobrecimiento sostenido que obliga a prolongar la vida laboral, endeudarse para sobrevivir y depender cada vez más de redes familiares también debilitadas.
Caída del poder de compra, deudas y miseria
El costo social del programa económico en marcha queda en evidencia en las condiciones de vida de las personas mayores en el país que enfrentan un largo derrotero de informalidad laboral y precarización en la vida activa, que se traslada a la vejez: los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir una canasta básica que para jubilados se ubicó en abril en $ 1.824.682 (según estimó la Defensoría de la Tercera Edad CABA) cuatro veces más que un haber mínimo que -con un bono de $70.000 congelado desde 2024- alcanza los $ 450.319. De los más de 6 millones de jubilaciones y pensiones, aproximadamente el 64% recibe la jubilación mínima y con estos ingresos no llegan a cubrir una canasta básica, por lo tanto, son pobres.
El informe de la Defensoría señaló que “las personas mayores en Argentina sufren una triple crisis: alimentaria, sanitaria y habitacional”. Para proveerse su subsistencia, terminan trabajando hasta que su salud se lo permite, o pidiendo por subsidios, comida, medicamentos.
“Esta verdadera iatrogenia social lleva a que aquellos que trabajaron toda una vida, que aportaron al Estado argentino, que conformaron familias y educaron hijos, hoy se tengan que encontrar siendo explotados laboralmente”, alertó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
Al respecto, el Indicador de Desempleo Encubierto, desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG) amplió la medición tradicional del INDEC, al incluir a personas con mínima o nula carga horaria que se encuentran en empleos altamente precarios y que buscan activamente trabajar más. Según esta nueva medición, el desempleo real asciende al 13,8%, más del doble de la tasa oficial (6,6%), con un impacto fuerte en jubilados.
Así como el trabajo desprotegido creció, sobre todo, entre los jubilados, el desempleo encubierto (desocupados o trabajadores que trabajan pocas horas en malas condiciones y buscan trabajo) tuvo un crecimiento marcado entre las personas de 66 años o más (+34,1% en un año). La comparación contra el tercer trimestre de 2023 es aún peor: se multiplicaron los jubilados que buscan trabajar más horas.
“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”, planteó Semino.
La situación de los jubilados que cada miércoles se movilizan al Congreso nacional en reclamo de mejores condiciones de vida y enfrentan la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, se torna cada vez más alarmante: las jubilaciones perdieron el 24% del poder de compra desde que gobierna Javier Milei (los que cobran la mínima perdieron 29%) esto implicó una pérdida acumulada cercana a los 5,4 millones de pesos por cada jubilado desde entonces, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Asimismo, indicaron que desde que comenzó “ahorró fiscal” celebrado por el oficialismo (un total de 116 billones de pesos desde que gobierna La Libertad Avanza) los mayores recortes se dieron en obra pública (-28,8 billones) y a los jubilados (-19,1 billones)
En materia de acceso a la vivienda los resultados de la última Encuesta Nacional Inquilina expusieron una alarmante realidad: el 42,0% de las y los jubilados realiza solo 1 o 2 comidas por día. En un marco donde el 86% destina el 40% o más de su haber al alquiler, al menos 7 de cada 10 debió recortar alimentos.
En Argentina, hay 400.000 adultos mayores (en torno al 7% de la población adulta mayor total) que dependen de poder pagar un alquiler para tener un techo donde vivir. Esta cifra representa el doble que hace 20 años atrás. El fenómeno de la inquilinización en la tercera edad afecta directamente las necesidades habitacionales y económicas de este sector social: Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) los jubilados que cobran el haber mínimo deben gastar el 80% del mismo en alquiler un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.
Esto ocurre en un escenario donde, según los datos del relevamiento de Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler ya que el 70% sufre aumentos cada 3 o 4 meses y los aumentos frecuentes hacen imposible sostener el pago. Como resultado, un tercio de los inquilinos destina menos del 30% de sus ingresos al alquiler, otro tercio destina la mitad de su salario (50%) y y el porcentaje restante es el más afectado ya que destina entre el 60% y el 100% de su sueldo.
En cuanto a lo laboral, aumentaron los despidos y el pluriempleo: 46% tiene más de un trabajo, 14% perdió algún empleo y 30% tuvo que sumar otro empleo. Como otra cara, aparece el endeudamiento en niveles críticos: el 70,9% tiene deudas activas, 53,2% se endeudó para comer y 38,9% se endeudó para pagar el alquiler, y 65,2% arrastra deuda con tarjetas de crédito. "La casta éramos nosotros, ya que el 90% tuvo que recortar gastos del hogar, solo 1 de cada 10 no ajustó ningún rubro”, plantearon desde el espacio de representación inquilina.
Economía de cuidado, en crisis
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, el cuidado no remunerado de personas mayores en Argentina presenta una clara diferencia por sexo: participa el 12% de las mujeres frente al 6,1% de los varones. Y entre quienes realizan estas tareas, el tiempo promedio diario es de 3 horas 36 minutos en mujeres y 2 horas 41 minutos en varones.
El último informe de “La Cocina de los Cuidados” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que el 55% de las personas que realizaron la encuesta de marzo pasado dijo convivir con una persona mayor y en el 22% de los casos, se trató de personas que requieren cuidados. A su vez, otro tercio de los hogares no convivía, pero cuidaba a una persona mayor que vive en otro domicilio.
Por su parte, en el 59% de los casos el cuidado de las personas mayores se resuelve con la familia, conviviente o no (similar a 2024 y 2025). Sin embargo, se registraron importantes descensos en las alternativas que implican compartir el cuidado: la asistencia a centros de día cayó del 13% al 0% y la contratación de cuidado pago, del 8% al 5% de empleadas de casas particulares y del 14% al 11% la de cuidadores domiciliarios.
“Cuando se consulta sobre qué se necesita para cuidarlos, las respuestas indicaron mejores ingresos y más cuidados domiciliarios (26%). En los ingresos hace mella la no actualización del bono de la jubilación mínima desde marzo de 2024”, remarcaron desde el centro de estudios y agregaron que desde marzo de 2024, solicitaron la Pensión Única del Adulto Mayor (PUAM) unas 97.700 personas, pero un 57% de ellas fueron rechazadas (55 mil).
En definitiva, la situación de las personas mayores expone con crudeza el costo social del programa económico en marcha: una generación que trabajó y aportó durante décadas hoy se ve empujada a elegir entre comer, medicarse o pagar un techo. Lejos de tratarse de un deterioro coyuntural, se trata de un proceso de empobrecimiento sostenido que obliga a prolongar la vida laboral, endeudarse para sobrevivir y depender cada vez más de redes familiares también debilitadas. En ese escenario, la pregunta ya no es solo cómo viven los jubilados, sino qué tipo de sociedad construye un país que condena a su vejez a la precariedad.
Fuente: El Destape
