La diputada provincial (MC) cuestionó el tratamiento del convenio interprovincial por Diablillos y advirtió sobre regalías, control y límites territoriales.
La diputada provincial (MC) Silvana Carrizo, del Bloque Generación del Cambio, expresó su posición frente al tratamiento del acuerdo interprovincial vinculado al proyecto minero Diablillos – Plata, que se encuentra en para el debate en Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca.
“Antes de hablar del fondo del acuerdo, hay que decir cómo se llegó hasta acá”, señaló Carrizo. “La Comisión de Minería se reunió apenas dos veces en todo 2025 y en la para desarrollar la política minera de Catamarca. Y en la última reunión, el oficialismo firmó el dictamen tal como llegó del Poder Ejecutivo, sin debate, sin información adicional, sin explicarle a la ciudadanía qué se estaba aprobando. No nos dieron posibilidad a la oposición ni siquiera de opinar, lo único que pudimos hacer es dictamen en minoría.”
Frente a ese procedimiento, el Bloque Generación del Cambio presentó un escrito formal detallando sus observaciones técnicas y jurídicas al texto del acuerdo. Los planteos se organizaron en cinco ejes concretos.
El primero refiere a la falta de definición del límite interprovincial. “El acuerdo parte de reconocer una zona de límites indeterminados entre Catamarca y Salta, pero no resuelve esa indefinición: la institucionaliza. Un decreto nacional de 1943 y la cartografía geológica ubican el yacimiento Diablillos dentro del Departamento Antofagasta de la Sierra, que pertenece a Catamarca. El límite solo puede ser fijado por ley del Congreso Nacional, así lo establece la Constitución y lo ha reconocido la Corte Suprema, y ese paso previo no puede saltearse.”
El segundo cuestionamiento apunta al reparto de regalías 50/50 sin fundamento jurídico suficiente. “Si el recurso está en territorio catamarqueño, la distribución igualitaria no tiene sustento. Se está cediendo la mitad de lo que nos corresponde sobre la base de una disputa territorial que todavía no fue resuelta por la autoridad competente. Eso es inaceptable.”
La tercera observación se centra en los mecanismos de control y auditoría de la producción. “El sistema de regalías descansa, en gran medida, en las declaraciones juradas de las propias empresas. Cuando la actividad se distribuye entre dos jurisdicciones, la trazabilidad de lo que se extrae se vuelve más compleja y el riesgo de subvaloración aumenta. El acuerdo no establece ningún mecanismo específico que fortalezca la capacidad del Estado provincial para medir, verificar y auditar en el terreno. Sin eso, cualquier porcentaje de reparto es una cifra sin garantía real.”
El cuarto punto cuestiona que el texto habilita la ampliación del proyecto sin intervención legislativa. “Se faculta a las partes a extender el área de explotación sin que esa decisión deba volver a la Legislatura provincial para su aprobación. Eso sustrae al Poder Legislativo de una de sus funciones esenciales: controlar el uso del patrimonio público de los catamarqueños.”
Finalmente, el bloque señaló la ausencia de definiciones claras en materia ambiental. “El acuerdo no establece con precisión qué jurisdicción ejerce el control ambiental sobre el área en cuestión ni bajo qué estándares. En un proyecto de esta escala, esa omisión no es un detalle: es un riesgo concreto para las comunidades y el ecosistema del departamento.”
Más allá de las observaciones puntuales, Carrizo reclamó una discusión más amplia. “Catamarca tiene una Constitución que establece que los recursos naturales deben beneficiar al conjunto de la sociedad. Eso obliga a hablar de puestos de trabajo reales para los catamarqueños en todas las etapas del proceso productivo, de proveedores locales que integren la cadena de valor minera, y del derrame económico en los pueblos del interior: en Antofagasta de la Sierra, en Fiambalá, en Tinogasta. Esa conversación no se está dando y la Legislatura tiene la obligación de darla.”
“Estoy a favor de la minería y la inversión, me opongo a que se aprueben acuerdos que ceden lo que es de Catamarca sin las garantías jurídicas, técnicas e institucionales que esa decisión exige. El camino correcto es impulsar ante el Congreso Nacional la ley que fije el límite entre provincias, fortalecer el control del Estado y abrir el debate legislativo genuino que los catamarqueños merecen.”
