La defensa de Eduardo Ramón D’Abate, Rafael Rolando Rodríguez, Aldana Soledad Santisteban y Ramiro Gastón Agulles, acusados por “asociación ilícita” en la causa de la banda de los usurpadores, apunta a saber por qué los cabecillas recusaban a la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, María Soledad Vega Romero.
La defensa de los sospechosos mencionados hizo este planteo al fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, el investigador principal del expediente.
Lo expresó al momento de pedir que las tres juezas de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución sean citadas a declarar como testigos en la causa.
El abogado defensor, Pedro Vélez, consideró que es pertinente que declaren la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Primera Nominación, Claudia Gabriela Villalba; la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, María Virginia Cano; y la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, María Soledad Vega Romero, puesto que “la mayoría de los procesos son del tipo ejecutivo”.
Al letrado también le llama la atención que “se la recuse a la jueza Vega Romero, por lo cual también es pertinente el testimonio de ella para saber cuál puede ser el motivo (de la recusación). Probablemente, alguna jurisprudencia o alguna cuestión jurisprudencial que amerita el hecho de que se la haya recusado sin causa, o algún altercado con los imputados”.
Además, pidió la declaración testimonial de todo el personal del Juzgado en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación debido a que “busca conocer cómo era la modalidad o la forma en que se llevaban las distintas tareas laborales según los puestos respectivos”.
El 31 de marzo de este año, El Ancasti dio a conocer que una presunta víctima de la banda de los usurpadores advirtió que la jueza Vega Romero habría sido recusada por José Werfil Vega, uno de los imputados en la causa.
Según el denunciante, Vega promovió unas 46 causas de ejecuciones comerciales, recusando -sin causa- al Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, con el fin de tener más posibilidades de que sus causas se radiquen en el juzgado de Cano.
En aquella ocasión, además, se supo que Costilla tuvo una denuncia penal vinculada a las estafas procesales que se planteó a mediados de noviembre de 2023 en contra de la jueza Cano.
Una presentación de similar tenor se realizó en la misma época en la Secretaría de Sumario de la Corte de Justicia.
La acusación fue hecha por la supuesta víctima mencionada anteriormente, quien acusó en principio a Vega por pretender ejecutarle una deuda inventada de $6.900.000 por medio de un pagaré evidentemente adulterado, que la jueza Cano convalidó.
En ese proceso de ejecución, Vega era patrocinado por la abogada y pareja de Mario Del Campo, Grisel Rocío Gordillo, también imputada en la causa por las estafas procesales.
Ante esta situación, el denunciante pidió que se investigara a Vega por posibles delitos de “estafa” y “falsificación y uso de documento privado”, pero que también a la jueza Cano por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El denunciante también remarcó la connivencia entre Vega y Mario Del Campo, el líder de la banda de los usurpadores, con el consentimiento del juzgado de Cano.
