Buscan proteger y acompañar a la mujer en contexto de ruralidad
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto unificado en torno a la situación de las mujeres en situación de ruralidad de la provincia. Se trata de seis iniciativas diferentes presentadas por las diputadas Adriana Díaz, Mónica Zalazar, Cristina Gómez y las diputadas mandato cumplido Cecilia Guerrero y Analía Brizuela.
Las legisladoras responsables de argumentar el proyecto en la sesión celebraron la unificación resaltando que la decisión legislativa “permite fortalecer una agenda común y avanzar con una herramienta más sólida para garantizar derechos y visibilizar el rol fundamental que cumplen en nuestras comunidades”.
El proyecto de ley tiene como objetivo la creación de un programa integral para abordar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y la población LGBTIQ+ en el ámbito rural de la provincia.
La iniciativa busca promover su desarrollo, acceso a derechos y empoderamiento a través de la formación, la mejora de sus condiciones laborales y la gestión de recursos. Además, propone la adhesión a la Ley Nacional N° 25.431 que instituye el Día Nacional de la Mujer Rural y crea la Semana Provincial de la Mujer y Población LGBTIQ+ en Contexto de Ruralidad, con el fin de visibilizar su labor y sus derechos en el territorio catamarqueño.
De esta manera se propone la creación de una Dirección Provincial la cual será el órgano de aplicación de la ley. Esta Dirección tendrá la responsabilidad de coordinar y ejecutar todas las acciones del programa en el territorio.
Por otra parte, crea el Observatorio Provincial de las Mujeres y Población LGBTIQ+ en Contexto de Ruralidad. Este organismo tendrá la función de monitorear la aplicación de la ley, relevar datos, analizar el impacto de las políticas y generar información para la toma de decisiones, garantizando una gestión basada en la evidencia.
Por último establece la Semana Provincial de la Mujer y Población LGBTIQ+ en Contexto de Ruralidad para conmemorar la fecha nacional. Durante este período, se encomienda al Poder Ejecutivo la planificación de actividades de concientización, promoción de derechos y fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, con el fin de visibilizar el trabajo y los derechos de estas comunidades.