Acusan al Gobierno nacional de señalar sin fundamentos a comunidades mapuches para tapar su inacción
Las organizaciones acusan que esto es una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas de prevención y manejo del fuego.
Mientras el fuego vuelve a arrasar bosques y viviendas en la Patagonia, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, denunció que el Gobierno de Chubut y el Gobierno nacional recurren a la estigmatización del pueblo mapuche para eludir su responsabilidad política frente a los incendios forestales. El pronunciamiento, difundido tras los focos registrados en El Hoyo y Epuyén, reunió cerca de 10 mil firmas en menos de 24 horas.
El documento cuestiona con dureza las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades nacionales que atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la intencionalidad de los incendios a comunidades mapuche. Para las organizaciones firmantes, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón reiterado: ante cada incendio de magnitud, se construyen culpables sin evidencia, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial ni avances reales en investigaciones que respalden esas acusaciones.
Lejos de aportar claridad, advierte el texto, este tipo de señalamientos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y funciona como una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección ambiental. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, resume el pronunciamiento.
Las organizaciones subrayan, además, que determinar la intencionalidad de un incendio forestal es una de las tareas más complejas de la ciencia forense a nivel mundial, y que hacerlo de manera responsable requiere procedimientos científicos rigurosos y equipos especializados. En ese sentido, contrastan la complejidad técnica del problema con la “ligereza” de los discursos oficiales que, según denuncian, optan por el atajo del racismo antes que por asumir responsabilidades institucionales.
El documento sostiene que esta construcción de enemigos internos impide debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región: el abandono estatal en prevención y restauración, la precarización de brigadistas, la falta de inversión sostenida, la promoción del monocultivo de pinos, la concentración y extranjerización de la tierra y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. Factores conocidos, advertidos durante años y agravados por el contexto de emergencia climática.
En ese marco, las personas y organizaciones firmantes exigen investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales que contemplen prevención, combate del fuego y restauración de los territorios afectados. Señalan que los incendios no son hechos imprevisibles, sino fenómenos recurrentes cuya magnitud aumenta por decisiones políticas —o por su ausencia—.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones de amplia trayectoria como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, Innocence Project Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, ATE Capital, No a la Mina, la Confederación Mapuche de Neuquén y muchas otras. También adhieren reconocidas figuras del ámbito político, académico, científico y cultural, entre ellas Myriam Bregman, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Maitena, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Roberto Salvarezza y Moira Millán.
