El juez federal Miguel Ángel Contreras se declaró competente para resolver con respecto a las distintas denuncias que se presentaron en contra de intendentes y funcionarios que accedieron a la vacunación por COVID.
El juez federal Miguel Ángel Contreras se declaró competente para resolver con respecto a las distintas denuncias que se presentaron en contra de intendentes y funcionarios que accedieron a la vacunación por COVID.
De esta manera, el magistrado rechazó la opinión que había emitido el fiscal federal Santos Reynoso, quien había considerado que la Justicia federal era incompetente para atender la cuestión.
Contreras le pedirá a Reynoso que sustancie la investigación para saber si hubo alguna irregularidad en el acceso a las vacunas.
Según trascendió, el magistrado declaró la competencia al considerar que la Justicia federal es la que atendió a todas las situaciones vinculadas con la normativa federal que se dieron desde el inicio de la pandemia. En este sentido, el Juzgado Federal fue el órgano de aplicación para todas las medidas relacionadas con la pandemia, tal como la sanción por los incumplimientos de las medidas de aislamiento o de prevención del COVID.
Por otra parte, consideró que es un tema de interés nacional porque es el Estado nacional el que realizó el gasto para la compra y distribución de vacunas. Es decir que son fondos nacionales los que están comprometidos.
El Juzgado Federal recibió varias denuncias de la oposición. La semana pasada, diputados representantes del interbloque de Juntos por el Cambio (JPC) se presentaron en el Juzgado Federal para realizar una nueva denuncia contra la ministra de Salud, Claudia Palladino, y contra el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, por la vacunación de personas no incluidas en los grupo prioritarios que establece el Plan Estratégico de Vacunación. Además, el diputado Hugo Ávila realizó una denuncia en este fuero y también los concejales de Fray Mamerto Esquiú por la vacunación del intendente Guillermo Ferreyra.
En tanto que el diputado José Sosa había realizado una presentación en la Justicia provincial y había sido derivada a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.n