Una causa que puso en jaque al radicalismo

Ante la polémica, el médico decidió renunciar a la postulación hasta que la justicia aclare su situación. Pero a partir de ese momento, las mujeres que pidieron que el partido tenga una actitud con perspectiva de género fueron objeto de distintos hostigamientos. 

Lo primero fue una carta documento de Gómez hacia el grupo de las siete mujeres que lo cuestionaron. Ellas ratificaron su postura al señalar que no habían emitido ninguna opinión sino que presentaron una situación objetiva. 

Las Mujeres Radicales que se agruparon para esta causa pertenecen a distintas líneas políticas de la alianza oficialista que ganó la conducción del partido y eran candidatas a ocupar distintos cargos. El 18 de enero, un grupo de mujeres y dirigentes de la UCR, encabezados por Enrique Sir, realizó un pedido para que la Junta Electoral no las oficialice como autoridades electas al argumentar que habían injuriado públicamente a un dirigente del radicalismo. 

La Junta Electoral, por mayoría, resolvió que era incompetente en el tema y decidió informar a las autoridades partidarias y al tribunal de Disciplina para que analice el planteo de las mujeres y determine si hubo inconducta partidaria.

Ante esa respuesta, el dirigente Enrique Sir y un grupo de mujeres militantes de la línea Morada realizaron una nueva presentación ante la Junta Electoral de la UCR para solicitar que no se las proclame como autoridades partidarias hasta que se expida el Tribunal de Conducta. En ese marco, Sir pidió a las autoridades partidarias que se convoque al Tribunal de Disciplina del partido para que se pronuncien por la situación. Se integró el Tribunal de Conducta y la primera decisión fue suspender temporalmente la asunción a cargos partidarios de las Mujeres. La situación generó una fuerte polémica no solo en la provincia, sino en todo el país. 

La Junta Electoral decidió terminar con la polémica y rechazó por “improcedente” la suspensión de las asunciones. Tras la resolución, los integrantes del Tribunal fueron a la Justicia federal que luego determinó en el mismo sentido que la Junta Electoral. De igual forma, el proceso contra las dirigentes siguió su curso y el 5 de febrero fueron convocadas a declarar ante el Tribunal de Conducta. En esta nueva actuación, el Tribunal integrado por Pablo Jalile, Alfonso Paredes y Ramón Jorge Mourkazel decidió suspender la asunción de las mujeres por cinco meses. Consideró que lesionaron el honor del médico Gómez, pese a que solo realizaron un planteo objetivo: la existencia de una denuncia en la Justicia. 

Por segunda vez, la medida del Tribunal tuvo un fuerte rechazo político por la falta de perspectiva de género para resolver. La presidenta de la UCR, Marita Colombo, decidió hacer caso omiso de la decisión del Tribunal y defendió la libertad de expresión en el marco de un debate partidario. Ahora las mujeres apelaron la resolución de suspensión ante la justicia federal y esperan la resolución del juez federal, Miguel Ángel Contreras.