dijo que la mora afecta el normal funcionamiento del poder judicial

Cáceres pidió a Diputados que resuelva sobre el juicio político en su contra

El magistrado cuestionó el proceso al indicar que fue impulsado para que renuncie. Dijo que se vencieron los plazos.
jueves, 14 de marzo de 2019 · 04:07

El juez de la Corte José Cáceres solicitó a la Cámara de Diputados un pronto despacho al pedido de juicio político contra él y su par Amelia Sesto de Leiva, presentado por el abogado Eduardo Andrada.

El pedido de juicio político ingresó a la Cámara baja en agosto del año pasado y desde ese momento está en análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. Luego de aceptar formalmente el pedido, hasta la fecha la Comisión no tuvo mayores avances.

El pedido de Andrada se fundamenta en que supuestamente Cáceres y Sesto de Leiva incumplen dos artículos de la Constitución. Andrada mencionó “la falta de idoneidad moral de los miembros de la Corte”, sumado a lo que establece el artículo 168 de la Constitución provincial que “les impide a los miembros de la Corte, jubilados ellos, ejercer el cargo que detentan por superar la edad que prevé, es decir, los 65 años”.

La solicitud de Cáceres fue presentada al presidente de la Cámara, Fernando Jalil. En ella, el juez afirmó que su pedido no tiene un interés personal sino que es en "defensa del sistema republicano que protege la división de poderes y fundamentalmente en resguardo del Poder Judicial y de los justiciables".

Teniendo en cuenta la falta de novedades en el proceso, el magistrado indicó que "la prolongación excesiva" del tiempo de juzgamiento puede constituir una lesión al debido proceso. En ese marco, manifestó que la "trascendencia institucional" de este tipo de juicios no admite dilaciones, "no solo en cuanto está comprendido el aspecto personal del magistrado sujeto al enjuiciamiento, sino también en razón de hallarse en juego el funcionamiento del Poder Judicial".

En este contexto es que Cáceres plantea que el proceso debe seguir hasta culminar, más teniendo en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia y la doctrina ya tendría los plazos vencidos. Así recordó que Andrada presentó la denuncia el 1 de agosto iniciando el trámite de destitución y que a partir de ahí la Cámara contaba con 60 días hábiles para expedirse aconsejando continuar o no el proceso. "La Comisión emitió dictamen por mayoría para continuar con el trámite cuando el término ya estaba vencido", dijo.

"No pretendo la caducidad sino el cese de la mora", añadió.

"La dilación sin motivo resulta más palmaria ahora que finalizó el período ordinario y la Cámara dejó de lado el tratamiento del juicio político para el próximo período", dijo. Sin embargo, aclaró que a pesar del receso, la Cámara está obligada a seguir actuando en casos como los juicios políticos a fin de culminar el trámite. "La paralización del proceso del juicio político es, a todas luces, arbitraria e ilegal cuando no un manejo político con el ánimo de sacar rédito del desgaste público y moral de un juez cuyo pedido es, a todas luces, inadmisible", dijo.

Continuando con las críticas al proceso, Cáceres advirtió que el juicio iniciado en su contra fue abierto con el único fin de desgastar su persona hasta lograr la renuncia. Además de que luego de varios meses hasta la fecha no tuvo la oportunidad de defenderse. "El procedimiento llevado a cabo por la Cámara de Diputados no ha hecho más que instalar suspicacias que fueron alimentadas con el transcurso de los meses", indicó.

Para finalizar, el juez afirmó que "este perezoso proceso contiene consecuencias más graves aún que no expedirse en un plazo razonable porque no solo vulnera el debido proceso legal sino que amenaza con vulnerar la independencia del Poder Judicial, ya que resulta inconcebible que un juez de la Corte se encuentre bajo proceso, un proceso de destitución cuya duración es incierta".

"No pretendo interrumpir el ocio legislativo, ni despertar a los parlamentarios perezosos ni sacarlos de su letargo, simplemente que cumplan la promesa que reiteradamente utilizan cuando son cuestionados ante unas supuestas vacaciones desde el 1 de diciembre hasta el 1 de mayo, plazo en que las Cámaras entran en receso. Se argumenta con buenas razones que en los recesos los legisladores no entran en vacaciones sino que continúan trabajando en cuestiones no legislativas", cerró.

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