EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Insistencia: Producción firmó un convenio de trabajo con otro call center

Se trata de una empresa catamarqueña que se instalará en el mismo local en el que funcionó el último call center que se fue de la provincia y dejó en la calle a 40 empleados.
domingo, 10 de noviembre de 2019 · 02:06

El Ministerio de Producción volvió a firmar un convenio para subsidiar a una empresa para la instalación de un call center en la ciudad Capital. Se trata de la tercera oportunidad en la que una firma del rubro es subsidiada o respaldada por el Estado, aunque las últimas dos terminaron con experiencias negativas: el último antecedente dejó a más de 40 jóvenes sin trabajo ni indemnización.

Con cuatro meses de demora, en el último Boletín Oficial se publicó la resolución nº374 del Ministerio de Producción y Desarrollo, que se firmó el 25 de julio pasado. Allí, la cartera que conduce Daniel Zelarayán incluyó en el programa de "Mejoramiento de la Competitividad y Promoción del Empleo" a la empresa Servicios Integrales SRL, registrada en Catamarca desde agosto de 2017, cuya actividad principal es la de servicios de call center, pero además está registrada para prestar servicios jurídicos.
Según este programa, el aporte de Producción es para subsidiar un total de tres (3) puestos de trabajo durante cinco (5) años. Durante el primer año desde la firma del convenio Producción se comprometió a cubrir el 90% del valor del salario mínimo vital y móvil (smvm) vigente; el 70% del smvm durante el segundo y hasta el cuarto año; y el 30% del smvm durante el quinto año.
"En caso de que la empresa beneficiaria incumpliera, por cualquier circunstancia, con la proyección anual de incorporación de mano de obra comprendida en el programa, no podrá transferir de un año al siguiente el cupo, quedando el cupo remanente a disposición de la autoridad de aplicación para ser asignado a otros proyectos que resulten de interés para la Provincia de Catamarca", establece el acuerdo.

Mala fama

El Gobierno ya tuvo dos experiencias traumáticas con call centers. La primera fue en 2013. Por entonces, Producción firmó un convenio con Task Solutions SA, que se giró al Concejo Deliberante de la Capital para que fuera aprobado por ordenanza y esto no ocurrió porque se cuestionaron los beneficios que el Estado le daba a la empresa, entre ellas la refacción del predio donde iba a funcionar. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de reacondicionamiento de la ex Garelli, pero casi un año después se comenzó a demoler esa obra. Ese call center nunca se instaló y terminó en una denuncia penal de diputados del FCS por la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos y violación de deberes de funcionario público contra el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso.

El segundo antecedente fue aún más traumático. En enero de 2018 se anunció la llegada de AP Group, un call center que se instaló en un edificio sobre calle San Martín casi esquina Salta (en el mismo lugar se instalará el nuevo call center, de Servicios Integrales SRL).

La empresa, oriunda de Córdoba, fue subsidiada con el programa de Mejoramiento de la Competitividad y Promoción del Empleo, y comenzó sus actividades con 47 empleados, prometió llegar a 60 trabajadores en el corto plazo y anunció con bombos y platillos que dentro del primer año proyectaba contratar a 280 trabajadores. "Todos bajo sueldo de convenio de $8.000 y en el caso de lograr una buena cartera de clientes, con tres turnos de trabajo se podrían superar los 800 empleos", se anunció desde Producción entonces.

Sin embargo, a principios de diciembre del año pasado los empleados (que se mantuvieron en 47) protagonizaron un reclamo frente a Casa de Gobierno porque les debían dos meses de sueldo, a lo que sumaban otra serie de irregularidades.

Por este motivo intervino la Dirección de Inspección Laboral, se reunió con los dueños de la firma e intentaron llegar a un acuerdo para saldar las deudas con los trabajadores, ya que Producción aseguró que sus compromisos con la empresa estaban al día. Una vez que lograron un acuerdo, en febrero de 2019, durante los feriados de carnaval, la empresa desmanteló el edificio y dejó a los 47 trabajadores "en la pampa y la vía", según dijo el titular de la DIL, Ismael Zalazar. "Se gestionó todo para solucionar el problema y a los 15 días nos dimos con la ingrata sorpresa de que el dueño se fugó", explicó.

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