EL NUEVO DETENIDO ES EX DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TECHINT

Calcaterra declaró y quedó libre mientras detuvieron a Zabaleta

Todavía queda un empresario prófugo. Aseguran que el chofer Oscar Centeno volverá a declarar.
martes, 07 de agosto de 2018 · 04:04

El ex dueño de la constructora IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, declaró ante el juez federal Claudio Bonadio que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo "presión" del ex secretario Roberto Baratta y se sumó al grupo de empresarios "arrepentidos" que quedaron en libertad. Goycoechea fue excarcelado y fue detenido el ex director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, en su domicilio de Villa Urquiza: el ejecutivo será trasladado a Comodoro Py hoy para ser indagado por Bonadio como partícipe necesario de la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y Cristina Kirchner para cobrar coimas.


Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior. Reconoció que efectivamente ordenó desembolsos en negro, pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.


Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de IECSA Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y este lunes excarcelado también bajo calidad de "arrepentido". "Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.


El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación. Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo este lunes que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio.


"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó en declaraciones a radio La Red. Araoz de Lamadrid señaló que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo. "No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", insistió el abogado.


Además, declararon en el mismo sentido otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, mientras que el juez Bonadio ordenó la detención de un tercero que se negó a dar su testimonio en el Juzgado. Se trata del empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, una de las personas a las que el magistrado le iba a tomar indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, pero que aún no tenía pedido de prisión preventiva.


Ivanissevich y Uribelarrea declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales. Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales. Además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.


El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión.

 

La UIF, optimista en recuperar dinero 

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, se mostró "optimista" con la posibilidad de "recuperar" dinero proveniente de presuntas coimas en obras públicas.


"Soy optimista. Hay posibilidades de recuperarlo", dijo Federici, quien estimó que la investigación que sigue el juez federal Claudio Bonadio "impacta sobre muchas otras" causas judiciales.


En declaraciones al canal LN+, el funcionario señaló que el caso "puede ayudar a fortalecer los indicios en investigaciones de lavado de activos que vienen rastreando el dinero ilícito que pudo haberse robado en relación con las maniobras que descubrieron".


Además, explicó que desde su gestión sospechan "de posibles operaciones de lavado de activos que el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y su entorno habrían realizado en el país y fuera de la Argentina".


Federici señaló que "son datos sobre operaciones que Muñoz y su mujer realizaron principalmente en Estados Unidos , en el sur de la Florida y en Nueva York, vinculada a la compra y venta de inmuebles por una suma superior a los 70 millones de dólares, que con los años, se vendieron".

 

Pichetto apoyará el allanamiento a CFK 

El jefe del bloque de senadores del peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó a favor de que la Cámara alta habilite el pedido de allanamiento del juez Claudio Bonadio a las propiedades de la ex presidenta, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por los cuadernos de la "ruta del dinero K".


"Yo creo que hay que habilitar el allanamiento. La propia ex presidenta debería decir 'acá está la llave'", consideró el senador rionegrino en declaraciones televisivas . Justificó que así permitiría que la Justicia pueda tomar pruebas para la investigación.  Consultado sobre si además del pedido de allanamiento de Bonadio hacia Cristina Kirchner, también acompañaría un pedido de desafuero de la ex mandataria, Pichetto se pronunció en contra, al volver a defender su postura de que para habilitarlo debería haber sentencia judicial firme. "En mi opinión, no procede el desafuero en la etapa instructoria", ratificó el senador.

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