lunes 25 de marzo de 2024
DIJO QUE PRIVILEGIA LA "DEDOCRACIA"

Cáceres criticó el accionar del Consejo de la Magistratura

El juez de la Corte cuestionó el alto puntaje que se le da a la entrevista personal en lugar del examen.

Por Redacción El Ancasti

El juez de la Corte, José Ricardo Cáceres, cuestionó con dureza el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura provincial para la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Concretamente, criticó el puntaje que se le da a la entrevista personal, en detrimento de las etapas del examen escrito y de los antecedentes.

Mediante una nota enviada al cuerpo colegiado, el magistrado afirmó que el sistema que utiliza el Consejo "facilita la dedocracia en lugar del mérito y la idoneidad para los cargos".

En su misiva, Cáceres recordó que el Consejo "tiene en sus manos la delicada función de seleccionar magistrados y funcionarios judiciales". En ese sentido, afirmó que "la normativa con la que se rige creó una problemática que torna cuestionable el nombramiento de los nuevos jueces y funcionarios".

"Las reformas que se produjeron a las reglas que regulan el concurso no encarnan el modelo con el que deben regirse los procesos de selección. Mientras continúe aplicándose los actuales patrones de puntaje, los nuevos nombramientos van a estar teñidos de sospechas y especulaciones", indicó.
"Los puntos claves que requieren urgente reforma giran en torno a la falta de argumentación de los actos administrativos aprobados por el Consejo, la nueva grilla de adjudicación de puntaje, la cual, de mantenerse, denigra la función judicial al igual que la supremacía del puntaje atribuido a la entrevista personal que no es otra cosa que la preponderancia del criterio subjetivo del Consejo por sobre las pruebas objetivas, lo que desacredita su imparcialidad", agregó.

Cáceres cuestionó la acordada emitida por el Consejo donde aprueba una nueva grilla de puntaje que para él "carece de fundamentación haciendo alusión solo al uso de facultades conferidas y a una necesidad de modificar sin la argumentación suficiente que le da valor a los actos administrativos".

"De modo que la nueva plantilla con la que fueron evaluados los últimos concursantes está teñida con el sello de acto nulo", afirmó.

Más adelante, advirtió que más allá de "la falta de fundamentación", puede entreverse que la nueva grilla "fue diseñada para favorecer a los abogados del foro en oposición a la Constitución". En ese sentido, señaló que la Constitución establece que para poder concursar es necesario tener un mínimo en el ejercicio de la profesión que se reduce en el caso de haber desempeñado funciones judiciales.

"Esta prescripción constitucional contrasta con la nueva grilla ya que se eliminó para los abogados que cumplen funciones judiciales el puntaje por ejercicio en comisión del cargo que concursa, mientras que se agregó para los abogados del foro 0,40 puntos por cada año de antigüedad en la matriculada", explicó.

Más adelante, relató que "los abogados que ejercen la profesión y los que ingresan al Poder Judicial recorren carriles diferentes en cuanto a sus capacitaciones, labor y experiencia profesional lo que implica necesariamente una valoración diferente cuando se trata de evaluar los antecedentes de un abogado litigante y de un abogado que cumple funciones judiciales".

"Establecer un puntaje de 39 puntos para la entrevista personal quiebra la proporción y rompe el equilibrio, distribuyendo la mayor trascendencia del examen al criterio discrecional del Consejo. El Consejo puede nivelar y compensar las insolvencias que los aspirantes revelaron en las etapas anteriores", cuestionó.

Concursos individuales

Posteriormente, Cáceres relató que siendo testigo de cómo se "venían perfilando los concursos, facilitando la dedocracia en lugar del mérito y la idoneidad para los cargos", solicitó que no se convocara a los concursos de manera individual "por ser contrario a la lógica y al derecho".

"Esto ocurrió en un anterior concurso donde todos los cargos quedaron vacantes porque se concursaba para fiscal de cada jurisdicción por lo que ocurrió lo previsto: quedaron desiertos y el Ejecutivo quedó habilitado a cubrir esas vacantes", indicó.

"Pero no quedó ahí, se siguió avanzando y lo de ahora es patético, para una misma Cámara por dos vacantes se llamó a dos concursos distintos", agregó.

Finalmente, indicó que "realizar convocatorias individuales es una estrategia para provocar que queden vacantes los concursos".

"Las convocatorias realizadas por el Consejo atentan contra la selección de magistrados por concurso y privilegian la elección discrecional del Ejecutivo con las graves consecuencias que esto puede acarrear", cerró.

"Atropello e intimidación"

En su duro escrito contra el Consejo de la Magistratura, Cáceres relató la situación que le tocó vivir al fiscal en comisión, Alejandro Gober, al momento de concursar para quedar como titular en el cargo que hoy ostenta. Según el juez, a pesar de haber tenido una nueva performance en la etapa del examen, Gober fue perjudicado en la entrevista personal, producto de la nueva grilla de puntaje. "El Dr Gober llegó a la entrevista personal en primer lugar con una importante diferencia con el segundo candidato y culminó el concurso en el 3° puesto luego de pasar por una entrevista que tuvo más que ver con una inquisición llevada adelante por los representantes políticos del Consejo respecto a su decisión como fiscal en comisión de declarar el sobreseimiento del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral en la causa conocida como 'El Rodeo'", indicó.

"Más cuestionable aún fue que el representante del Ejecutivo, (el asesor general de Gobierno) Pablo Gallardo, quien inquirió al concursante acerca de una causa en que la Provincia es querellante", añadió.

"Lo dicho provoca una de las consecuencias más indeseadas para la independencia del Poder Judicial en tanto una decisión judicial adoptada por el concursante (en ejercicio de sus facultades) puede llegar a ser un obstáculo para ganar un concurso", sostuvo.

En este contexto, Cáceres advirtió que "no puede el tribunal evaluador inquirir acerca de resoluciones judiciales adoptadas por los concursantes, que nada tienen que ver con el concurso".

"Hacerlo perjudica el ejercicio de la magistratura y lesiona gravemente el Estado de derecho porque se exhibe como amedrentamiento a los jueces que fallan en contra del Estado o benefician a referente opositores al poder de turno", cerró.

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