Uno de los casos más resonantes del año que pasó fue la trama de corrupción en la gestión anterior de la Secretaría de la Vivienda (FV). Fue por la existencia de empresas proveedoras del organismo en la que estaban asociados funcionarios. En esta causa se imputó a la ex directora de Administración Silvia Alejandra Quinteros por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La secretaria de Quinteros, Jacqueline Figueroa, era su socia en las firmas comerciales RAF SRL y Las Kumpas, y era a su vez amiga de la funcionaria. La madre de Figueroa, Margarita Cisneros, era la socia gerente de RAF, quien supuestamente vendía distintos elementos a la Vivienda ya que era una de las responsables del corralón San Fernando. El hermano de Figueroa, responsable legal del corralón, también fue imputado, junto a su madre y su hermana, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública de manera continuada.
