El año que finalizó se caracterizó por una gran cantidad de causas por corrupción que se investigan en la Justicia. La mayoría de ellas fueron denuncias presentadas o investigaciones de oficio que se iniciaron en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que dirige Marcelo Sago. Cerca de veinte causas por corrupción se sumaron en esa fiscalía al margen de otras que ya venían de años anteriores. Algunos casos que tuvieron mayor resonancia pública son las siguientes:
- Investigaciones por enriquecimiento ilícito. Dos expedientes fueron remitidos desde la Oficina Anticorrupción para investigar el supuesto enriquecimiento ilícito de dos funcionarios: Daniel Barros, actual ministro de Desarrollo Social de la Provincia, y Luis Raymundo Ortiz, ex director provincial de Infraestructura Social Básica de la Administración del Hábitat en la gestión anterior de la Secretaría de la Vivienda. A su vez, Ortiz fue imputado por fraude cometido en el ámbito de la Secretaría de la Vivienda ya que habría certificado obras que no habían sido ejecutadas por la falsa arquitecta Karina Alanís Denett, quien aparece involucrada en varias de las causas investigadas por la fiscalía.
Falsificación de cheques en el ámbito de la Administración Pública. Una de las denuncias fue realizada por el director provincial de Administración del Ministerio de Producción, Ignacio Domínguez, por la adulteración de un cheque emitido por $983 para el pago del Servicio de Telecom. Luego fue cobrado por $ 75.840. Por esta causa se imputó a Raúl Alberto Giménez (sumariante judicial) y Ruth Daniela Salim, empleada de la municipalidad de Valle Viejo, por fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento adulterado. Como consecuencia se iniciaron dos actuaciones de oficio para averiguar la supuesta comisión de hechos delictivos cometidos en la Secretaría de la Vivienda por la Cooperativa de Trabajo Virgen Niña, de la que forma parte Jiménez y de una empresa constituida de manera irregular por Salim como proveedora de servicios a las municipalidades de Capital y Valle Viejo.
Adulteración de cheque en la Secretaría de Deportes y la aparición de la falsa arquitecta. Se investigó la denuncia de la Secretaría de Deportes por la adulteración de un cheque emitido por $ 5.000 para el pago de un subsidio y que fue cobrado por el importe de $ 144. 890. Se imputó a Manuel Fernando Díaz, empleado de la secretaría de Deportes y Recreación, por la comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento adulterado, en calidad de coautor y a María Karina Alanís Denett por la comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento adulterado, en calidad de coautor.
Falsificación de Cheques en la Secretaría de la Vivienda. La denuncia fue iniciada por la Secretaría de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia, por la adulteración de un cheque emitido por $ 6.650 para el pago de una factura de coffe break brindado por Ramón Antonio Salim y que intentó ser cobrado por $ 196.500. Se imputó a Ramón Antonio Salim y Emiliano del Campo por fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal. Tuvieron orden de detención y luego recuperaron la libertad por el pago de una caución.
- Imputación al intendente Elpidio Guaraz. A raíz de auditorías contables del TC, se imputó al intendente de la Municipalidad de Santa Rosa por la comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública con uso de instrumento privado adulterado en calidad de coautor por 11 hechos. También se imputó por irregularidades al ex intendente de Capayán, Pablo Názar.
Sobresueldos en Educación. La denuncia fue iniciada por UDA. Por el pago indebido de horas institucionales a funcionarios del Ministerio de Educación. Se imputó a Aldo Creche por la comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Las que llegaron a juicio
La causa de los Fondetur: Se elevó a juicio la causa que tenía como imputado al ex secretario de Turismo Edgardo Ávalos. La defensa del ex funcionario pidió la nulidad del requerimiento. Ávalos está imputado por el supuesto delito de cohecho (coima) por un confuso episodio con la entrega de un cheque de $75 mil a la beneficiaria de un crédito Fondetur, Paola Storniolo. El 6 de mayo de 2011, Ávalos depositó en su cuenta del Banco de la Nación Argentina un cheque proveniente de un crédito Fondetur por $75 mil, que correspondía a la segunda cuota de un préstamo total por $150 mil. Y minutos después de ese depósito, Ávalos cobró por ventanilla los $75 mil en efectivo.
Prisión efectiva para un director: Fue el caso del director de la escuela secundaria N° 8, José Cubas. Había sido denunciado por irregularidades en el manejo de los fondos correspondientes a Programas Educativos Nacionales. Fue condenado por la Cámara en lo criminal de Segunda Nominación como autor del delito de malversación de caudales públicos a la pena de tres años y medio, de cumplimiento efectivo.
Elevación a juicio de las compras directas: En noviembre, los jueces de la Cámara de Apelaciones confirmaron la elevación a juicio de la causa por las compras directas, rechazando así el pedido de la defensa de prescripción. La causa se había iniciado hace 12 años.
Sobreseimiento para Arturo Aguirre: En diciembre, la Cámara de Apelaciones dictó el sobreseimiento definitivo para el ex director de la OSEP Arturo Aguirre por las compras de medicamentos oncológicos en su gestión.
