En septiembre del año pasado, el interventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, inició una denuncia contra el ex funcionario camporista Santiago Rodríguez por el supuesto vaciamiento del yacimiento de Minas Capillitas. La presentación reveló gravísimas irregularidades que comprometen a CAMYEN. Y hasta se sospecha que la empresa favoreció el tráfico ilegal de la piedra. Las supuestas maniobras se investigan en la Fiscalía Federal de Catamarca.
En la presentación se cuestionaba también la política de subsidios que implementó CAMYEN, lo que habría permitido el mercado negro de la piedra semipreciosa.
Lostri advierte que los hechos tienen tal gravedad institucional que podrían constituir maniobras fraudulentas, destinadas al vaciamiento del patrimonio de Fabricaciones Militares a través de acciones en las que habrían tomado parte funcionarios del Gobierno nacional y actuales autoridades de la Provincia.
Más adelante cuestiona duramente el último contrato que se firmó en 2015, por el que se extendió la relación entre CAMYEN y Fabricaciones Militares por 10 años más. La presentación considera que se trata de la suscripción de "un contrato leonino para la explotación del yacimiento, la deliberada ausencia de mecanismos de control por parte de Fabricaciones Militares y el desvío y comercio ilegal de los minerales extraídos, sobre los que existen indicios del establecimiento de una cadena de comercialización clandestina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Considera que el perjuicio patrimonial es difícil de cuantificar ante la falta de documentación y más difícil aún de comprobación respecto de los tipos y cantidades de minerales extraídos del yacimiento. "Sin embargo, se calculan decenas de millones de pesos durante los tres años de vigencia del contrato”.
Una segunda parte de la denuncia hace referencia a las supuestas irregularidades en circuito de venta de la rodocrosita, los principales clientes y los desmanejos en la política de subsidios.
Es que el directorio de CAMYEN había establecido una política diferenciada para beneficiar a los artesanos andalgalenses que trabajan la piedra. Para ellos, se acordó fijar un subsidio del 20% en el precio oficial de la piedra. Sin embargo, se detectó que existirían bonificaciones mayores para algunos compradores.
