La diputada provincial Paola Bazán (FCS-Cambiemos) presentó un proyecto de ley con el que espera poner fin a la reiterada aparición de cheques adulterados en la Administración pública.
En ese sentido, la legisladora opositora propuso que las obligaciones de pago que tengan las distintas dependencias del Estado se cancelen mediante transferencias bancarias o cheques con la cláusula "no a la orden". De esta forma se evitaría que una persona que no es la que figura en el cheque pueda cobrarlo endosándolo.
En los últimos meses El Ancasti dio a conocer, en forma exclusiva, como en diferentes áreas del Estado se habían producido fraudes a la administración mediante la adulteración de cheques que eran emitidos por montos exiguos y cobrados por cifras superiores. Los diferentes fraudes se produjeron con cheques emitidos por el Ministerio de Producción, la Secretaría de Deportes, la Secretaría de la Vivienda y la Subsecretaría de Medios.
Por el ilícito en el Ministerio de Producción el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración, Marcelo Sago, detuvo a cuatro personas. Actualmente, si bien siguen vinculados con la causa, están libres luego de pagar una caución.
En el caso de la Secretaría de la Vivienda, la "arquitecta" Karina Alanís Denett también estaría vinculada con las maniobras para adulterar cheques.
Según la investigación, en la mayoría de los casos la adulteración de los cheques se realizaba mediante algún procedimiento químico todavía no determinado, con el que se alteraban en sus montos para luego ser cobrados.
El proyecto de Bazán solicitó la incorporación de un artículo 69 bis a la ley provincial 4.938 de Administración financiera de los bienes y sistema del control del sector público. Este nuevo artículo establece que los pagos que se hagan desde la Administración deberán cancelarse mediante cheques no a la orden o transferencias bancarias, "exceptuando la aplicación de este procedimiento a los pagos que se realicen a través de las denominadas cajas chicas".
En los fundamentos, la diputada opositora señaló que la iniciativa busca "neutralizar la aplicación de procedimientos tendientes a ocultar o tergiversar la realidad o finalidad de las erogaciones públicas realizadas".
"Al prever como medio de pago la utilización de cheques no a la orden, implementamos un sistema de control interno para el cumplimiento de las obligaciones asumidas", indica el proyecto y agrega: "Con esta medida garantizamos que efectivamente la autorización del retiro del monto de dinero consignado en él sea retirado por el beneficiario, no pudiendo endosarlo para transferirlo a terceros".
Más adelante la legisladora argumentó que su propuesta "no implicará un cambio significativo en las transacciones habituales y no representa costos operativos".
Finalmente sostuvo que "la emisión de cheques con la cláusula no a la orden o el pago mediante transferencias evitará hechos de defraudación a la Administración pública tal cual se observa en los últimos meses de corriente año, limitando su libre circulación en el mercado financiero".
