Del otro lado, también el Senado, donde impera una mayoría oficialista indiscutible, está en condiciones de reclamar a los diputados por la aprobación de una serie de normas que ya tuvieron media sanción en esa cámara y que, de aprobarse, serían de vital importancia para el desarrollo productivo de la provincia. El caso más patente es el proyecto de ley de bosques que los senadores aprobaron en junio y que, en Diputados, no consigue el visto bueno de la comisión de ambiente, pese a que la norma exigía celeridad en su aprobación para poder acceder a fondos millonarios que distribuiría la Nación para compensar a los dueños de áreas protegidas.
Entre las normas que reclaman pronto tratamiento y que quizá podría tener más celeridad en el trámite legislativo, está la ley provincial de protección de glaciares que los senadores ya aprobaron, y los diputados prometieron darle tratamiento preferencial en la sesión de la próxima semana.
Pero si de traer a colación viejas deudas se trata, los diputados jamás aprobaron un proyecto que sí aprobó el Senado, de autoría del ex senador capitalino Pedro Casas, que promovía el saneamiento de títulos y que, de haber sido aprobado y cumplimentado desde el Ejecutivo, hubiera evitado los problemas que hoy sufren pobladores y pequeños productores del interior provincial.Varias normas son rehenes del enfrentamiento entre diputados y senadores. En Diputados? Los diputados deben tratar algunos temas vitales para el modelo productivo local, como la ley de Bosques y la ley provincial de Protección de Glaciares.? Pero desde el Senado también recuerdan que los diputados nunca trataron una ley de Saneamiento de Títulos que hubiera evitado muchos remates de tierras que afectaron a pequeños productores.
En el Senado? La ley que más reclaman los diputados y que más se niega a abordar el Senado es la del Presupuesto Legislativo 2010 porque temen que la norma le dé rienda suelta a los gastos de la cámara baja.? Tampoco trató el Senado, pese a la importancia que tiene el tema en la Provincia, la norma que limita y sanciona la Usura, que los diputados aprobaron en 2007.
