Quintela y Orrego, enfrentados por una disputa limítrofe
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, envió un proyecto a la Legislatura para reabrir el reclamo por unos 2.600 kilómetros cuadrados que fueron cedidos por las autoridades de facto de La Rioja a sus pares de San Juan en 1967 y generó el rechazo del mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.
Avalada por la mayoría peronista de la Legislatura riojana, la iniciativa de Quintela fue aprobada recientemente y promulgada este viernes por el gobernador, quien sostuvo que con esa norma van a iniciar "acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano". Según el texto de esa nueva norma, se busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 para fijar los límites interprovinciales y que fue históricamente rechazada por La Rioja porque la delimitación se hizo sin la participación del Congreso y de forma unilateral.
Además ordena crear una comisión para estudiar detalladamente el tema e instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar la validez de la ley nacional y buscar medidas cautelares que impidan el avance de la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Por su parte, el sanjuanino Orrego rechazó la iniciativa y dijo que se trataba de "un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan". "Nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014", ratificó.
Tras recordar que "ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley", sino que un tema así debe pasar "al Congreso y a la Justicia" nacional, el gobernador Orrego llamó "a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece" con la "ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones".
El asesor general de la Gobernación de La Rioja, Pedro Goycochea, dijo que no se trata de "una confrontación con el pueblo de San Juan", sino que se busca aclarar que la ley actual no tendría vigencia porque en 2024 la Corte Suprema habría advertida que esa ley promulgada por Juan Carlos Onganía no fue ratificada por el Congreso. En ese marco, el fiscal de estado sanjuanino, Sebastián Dávila, sostuvo que "no existe ninguna duda" sobre las cuestiones interprovinciales porque "el límite está fijado" desde hace décadas. n