Finalmente el remate se concretó el 22 de abril pasado y las tierras fueron vendidas al mejor postor por un millón de pesos, a razón de 48,5 pesos la hectárea.
Tras el remate, El Ancasti visitó la zona y confirmó lo que la Justicia cordobesa desoyó: que en el lugar viven unas 30 familias, distribuidas en los puestos de San Lorenzo, El Salvador, Santa Elena, Pozo Escondido, San José, El Quimilo y el campo de Santa Eufemia; que hay tres escuelas, postas sanitarias, una delegación comunal y cientos de cabras que constituyen la economía de subsistencia de los pobladores de la zona, algunos con títulos de propiedad en orden y otros con una posesión de las tierras que supera en varias décadas la posesión veinteñal que reclaman las leyes.
Defensa
Con la posibilidad real de que su propiedad sea avasallada por los compradores del campo subastado, Brasca realizó nuevos planteos en la Justicia. Pidió, por un lado, que se considere la falsedad de las actas de constatación labradas por la oficial de justicia Noemí del Valle Cortés del Juzgado de 6° Circunscripción de Recreo y por el martillero a cargo del remate, Bruno Juaneda. Es que esas actas, citadas en el edicto de remate, aseguran que el campo en cuestión no posee mejoras y se encuentra desocupado de cosas y personas.
Pero la presentación más importante que Brasca sumó a la causa fue un planteo de nulidad sobre la escritura hipotecaria que dio origen a todo el proceso. Según ese planteo, la escritura que describe el inmueble asegura que el campo está ubicado, íntegramente, en el distrito La Guardia; mientras que Brasca sostiene en función del plano remitido por Catastro provincial, que unas mil hectáreas se encuentran en el departamento Capayán, puesto que están del otro lado del meridiano de Castro, usado como límite interjurisdiccional. Además recuerda que la ley exige una determinación precisa del bien a hipotecar, algo que no estaría cumplido en la escritura impgunada.Piden que se cite a la ProvinciaEn una de las presentaciones, Brasca solicita a la jueza que cite formalmente al Estado de Catamarca para que exponga, aclare y fundamente los argumentos que dieron origen a este incidente, ya que hasta el momento dicha provincia ha comparecido solamente con escritos de mero trámite formal sin solicitar ser parte del proceso, como realmente le compete por imperio de la Constitución Nacional y provincial. Consultado por su participación en la causa, desde Fiscalía de Estado dijeron que, por ahora, están trabajando en la regularización dominial de la zona afectada.
TÍTULOS SUPERPUESTOS? El 22 de abril pasado, por orden de la Justicia de Córdoba, se remataron 20.600 hectáreas de La Guardia, departamento La Paz.
? La subasta fue ordenada en el marco de un concurso preventivo por una deuda que una firma de esa provincia mantenía con el Banco de Córdoba. La prenda de ese crédito había sido el campo catamarqueño.
? Cuando salió la publicación del edicto de remate, desde Catastro Provincial intentaron parar la subasta remitiendo al juzgado un informe que advertía sobre la existencia de superposición de títulos.
? Jorge Brasca, propietario de casi 1.500 hectáreas afectadas dentro del remate, también intentó frenar la subasta, pero la justicia desestimó los planteos y terminó remantando las 20.600 hectáreas a menos de 50 pesos cada una.
? Brasca pidió también que se declare la falsedad del acta de constatación -firmada por una oficial de justicia recreína- que aseguraba que el campo estaba desocupado de cosas y personas.
? Y reclama la nulidad de la escritura hipotecaria, porque no describe con precisión la ubicación del inmueble.
? El Estado catamarqueño no encaró nunca un proceso de saneamiento de títulos para dar seguridad jurídica a los pobladores y poseedores de la tierra.
