L a Corte de Justicia hizo lugar a una acción de amparo por mora presentada por la auditora de Tinogasta, Rosa Muñoz, y ordenó a la comuna al mando del oficialista Simón Quintar, que en un plazo de 10 días se expida en relación con la solicitud de pago de salarios caídos, además de la revocación de los decretos municipales en los que se desconoce su figura de contralor.
El fallo advierte claramente al Ejecutivo municipal que se deberá dar un pronto despacho a la disposición, bajo apercibimiento de denuncia del notificado por el delito de desobediencia previsto por el artículo 239 del Código Penal.
Muñoz se encuentra actualmente suspendida por el Concejo Deliberante, que decidió mantenerla a mediados de año en esa condición por seis meses más, por pedido del Ejecutivo municipal.
Nombrada por la gestión peronista de Hugo Ávila, Muñoz nunca pudo asumir en el cargo y el municipio está adeudándole los salarios de 18 meses.
A raíz de una sentencia anterior del máximo tribunal de la provincia, la auditora fue restituida en su cargo, pero nunca se le permitió cumplir con su función de fiscalización de las cuentas públicas de la comuna.
Muñoz mantiene una larga batalla judicial y política para tratar de tomar posesión efectiva de su cargo, pero hasta el momento no logró hacerlo.
En tanto, la comuna tinogasteña debe afrontar una importante suma adeudada a la auditora.
